El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado esta semana las observaciones finales al informe periódico sobre la situación en el Estado español. Tras subrayar algunos cambios legislativos que considera positivos, el documento recoge un buen número de cuestiones a corregir que van desde la falta de un mecanismo adecuado para conceder indemnizaciones a las víctimas, pasando por la impunidad de las violaciones cometidas en el pasado, hasta la demanda de derogación de las leyes franquistas sobre condecoraciones policiales y secretos oficiales, así como la ley de Amnistía. Interpela, asimismo, a buscar a las personas desaparecidas y a preservar la memoria de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

En el informe destaca el apartado dedicado a la tortura, donde el Comité insta al Estado español, en primer lugar, a cambiar la definición de tortura para que se ajuste a las normas internacionales. Además, constata que no se han investigado ninguno de los más de 5.000 casos documentados de tortura en Euskal Herria y exige que se pongan medios para realizar las pesquisas oportunas. Asimismo, urge a establecer un mecanismo independiente que investigue las denuncias de torturas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El informe subraya que la tortura y otros crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y solicita al Estado español que se implique en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Un llamamiento que pone en evidencia que la tortura en el Estado español sigue siendo un tema que se mantiene oculto y silenciado para encubrir la amplia red de complicidades que existió detrás de esta política de Estado, pero también por ventajismo en la llamada batalla del relato.

El informe recoge otros aspectos a enmendar. En conjunto, supone una contundente llamada de atención al Estado español por la falta de garantías que sufren las personas que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos. Con sus recomendaciones, la ONU ha definido una hoja de ruta para garantizar los derechos humanos y la memoria, algo que debería ser una prioridad para todas las fuerzas políticas.