Noviembre ha sido un mes espectacular en las bolsas de todo el mundo. La posibilidad de que pronto lleguen las vacunas y el fin de la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de EEUU han hecho que el futuro se empiece a ver un poco más claro. Con esos mimbres, los especuladores se han lanzado a apostar.

Ahora que se vislumbra la luz al final del túnel, el presidente de los empresarios de Bizkaia, Iñaki Garcinuño, ha aprovechado la coyuntura para intentar deshacer el compromiso de mantener el empleo, una vez se acaben los ERTE. Elogió esas ayudas para señalar a continuación que era una mala idea obligar a las empresas a mantener los puestos de trabajo durante seis meses porque se puede poner en peligro su continuidad. El futuro de los trabajadores, en cambio, no parece que preocupe excesivamente a la patronal, aunque sin trabajadores no hay empresa posible.

Una muestra más de que el cinismo de la patronal no tiene límite. Cuando vienen mal dadas, toda actuación del Estado es bienvenida: no se considera que haya una intromisión o una actitud intervencionista por la acción de los poderes públicos. Sin embargo, en cuanto la coyuntura se da la vuelta, la patronal ya está exigiendo libertad, reclamando el derecho a hacer lo que sea más conveniente para su empresa. De repente, cualquier acción del Estado se vuelve contraproducente; el bien común desaparece y lo único que importa es la salud de las empresas privadas.

Llegados a este punto habrá que convenir que la manera más eficiente de gastar el dinero público para terminar con el desempleo es que sea la propia administración pública la que lo gaste en contratar directamente a los desempleados, y evitar así malgastar recursos públicos. Porque si algo ha dejado claro esta pandemia es que la economía funciona no gracias a las empresas ni a los empresarios –que también aportan–, sino a que detrás está la Estado como garante del bien común.