La encuesta Ituna 2026 sobre el Concierto Económico y el autogobierno en la CAV ofrece datos interesantes. El 94,2% de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa aboga por mantener o ampliar el autogobierno. En esa línea, con las principales fuerzas debatiendo cómo acordar e implementar un nuevo estatus político para los territorios vascos, dos de cada tres personas (el 66,3%) consideran prioritario aprobar un nuevo Estatuto.

Precisamente, el estudio destaca que en la sociedad vasca existe una identificación directa entre mayores cotas de soberanía y bienestar colectivo. La ciudadanía vasca considera que la capacidad de decisión sobre los recursos, las políticas sociales y los servicios públicos es la herramienta más eficaz para proteger su calidad de vida, la igualdad y el desarrollo.

«Las cosas que interesan a la gente», parafraseando a algunos dirigentes unionistas, son precisamente que un 64,4% de las personas encuestadas exige gestionar las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, una de las competencias que el Estado insiste en no transferir tras 47 años incumpliendo el Estatuto de Gernika. Esos poderes servirían para desarrollar una justicia distributiva, pero es que además la mayoría de los vascos y las vascas cree que los pactos se firman para cumplirlos en tiempo y forma.

El estudio dibuja un mandato claro: las fuerzas vascas y democráticas deben tener altura de miras para pactar un nuevo estatus que reconozca la nación vasca, que vertebre al país y responda al deseo democrático de la ciudadanía y a los retos de futuro.

Las vías vasca y española divergen a fondo

El contexto lo pone una creciente divergencia entre la realidad vasca y la española. Mientras en el conjunto del Estado las dinámicas políticas se ven arrastradas por discursos retrógrados, inercias autoritarias y unos poderes conjurados contra un Gobierno y un Parlamento legítimos, la sociedad vasca sostiene posiciones avanzadas de justicia y democracia. No es solo una brecha electoral –sin menospreciar que posturas que en el Estado español son relevantes en Euskal Herria apenas logran un 5%–, es la constatación de que las prioridades sociales y la cultura democrática avanzan por raíles cada vez más distantes.

Resulta ilustrativa la reacción ciudadana ante hipotéticos escenarios de injerencias. El estudio plantea qué ocurriría si el Estado derogara unilateralmente el Concierto Económico. La respuesta es categórica: el respaldo a la independencia como primera opción se duplicaría, pasando del 20,5% al 51,1%. La vía autoritaria activará la autodefensa democrática.

A quienes tachan esa hipótesis de falaz y minimizan el riesgo que conlleva la derecha española, cabe recordarles que el anterior Ejecutivo del PP aplicó el artículo 155 para intervenir el autogobierno catalán. Hace menos de diez años. Si a eso se le suma la agenda abiertamente autoritaria de Vox, lo que parece una alucinación demoscópica puede ser realidad. Ya lo advirtió el lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento, al señalar que se avecinan «tiempos oscuros».

Por otro lado, en Euskal Herria no se puede olvidar el coste en libertades, derechos y el sufrimiento humano que provocaron gobiernos previos. Esa memoria opera, y el Estado profundo lo incluye en sus cálculos. El Régimen del 78 está agotado, pero se intenta reinventar retrospectiva y autoritariamente. 

El impulso soberanista en Euskal Herria es sólido, realista y democrático; y acompaña a las necesidades de la gente. Si la respuesta del Estado vuelve a ser la negación o el castigo, la ciudadanía vasca verá en la independencia la opción más justa. Si se articula un mandato democrático y plurinacional, la soberanía será la vía más eficaz para avanzar en derechos. En ambos casos, aunque no lo diga la encuesta, harán falta audacia, inteligencia y serenidad.