Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde y HIRU presentaron ayer el "Informe de siniestralidad laboral en Euskal Herria 2024". Según el recuento realizado por las centrales sindicales, 64 personas murieron mientras trabajaban, 17 más que los datos oficiales. Conviene reseñar que las estadísticas tampoco recogen las muertes ocurridas como consecuencia de enfermedades profesionales. Gracias a las asociaciones que trabajan con los damnificados por el amianto, se sabe que hubo al menos 30 fallecimientos por esta causa. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud, los cánceres de origen laboral representan entre el 30 y el 40% del total, con lo que estas muertes son solo una ínfima parte.

De las cifras aportadas destaca, en primer lugar, que la tendencia se mantiene sin grandes cambios, lo que significa que se ha avanzado poco en prevención y en la aplicación de la normativa sobre salud y seguridad laboral. Siguen muriendo muchas personas en sus puestos de trabajo sin que la salud de los trabajadores se considere una prioridad política. De hecho, el informe pone en evidencia que los criterios de contabilización de accidentes y muertes son más bien laxos, y se aplican con escaso rigor, quedando la evaluación en manos de las empresas, los servicios de urgencias y al criterio de los médicos de las mutuas. En este aspecto, el informe constata que se ha producido un retroceso importante en el comportamiento de las mutuas que llega hasta el punto de no admitir accidentes traumáticos declarados y comunicados por las propias empresas. Una actitud que oculta riesgos, impide que se tomen medidas y carga los costes de accidentes y enfermedades profesionales a la Seguridad Social. Un cambio que curiosamente coincide con la campaña contra el absentismo de la patronal, que solo busca ocultar su responsabilidad.

La experiencia enseña que si no se dedican los medios, las leyes no suelen ser suficientes para evitar accidentes. Eso incluye unos criterios claros de recogida de información, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, especialmente en sectores feminizados, e inspecciones. La salud laboral mejora cuando es una prioridad política.