La huelga general convocada por la mayoría sindical vasca en favor de un salario mínimo interprofesional propio –es decir, que ese índice se base en la realidad socioeconómica vasca–, obtuvo ayer un éxito reseñable. Hubo paros importantes en diferentes sectores y en todo el territorio; contó con una fuerte implicación estudiantil; tuvo gran incidencia en la actividad económica y en la vida social; y tanto a la mañana como a la tarde organizó movilizaciones masivas. Y, quizás, lo más importante: el SMI propio ha entrado en la agenda pública.

La demanda es tan de sentido común que su apoyo trasciende con mucho a quienes secundaron la protesta. Empezando por quienes, por su precariedad, ayer no tenían esa opción. Es importante establecer una base que marque la viabilidad de las empresas y un suelo redistributivo de los beneficios, y es indiscutible que su referencia debe ser la realidad sociolaboral vasca.

Por eso quienes, compartiendo esas ideas, decidieron no apoyar esta demanda tienen tantos problemas para justificarse. Por un lado, están los Gobiernos de Lakua e Iruñea, que no tienen fácil legitimar la falta de autonomía en un tema tan básico. El PNV, por no restar más soberanía, y PSE-PSN, porque el salario mínimo es de esas cuestiones que, como diría Eneko Andueza, «importan de verdad a la ciudadanía». Además, la patronal ha hecho caso omiso a sus indicaciones. Por otro lado, los sindicatos de obediencia española se sienten incómodos al no parar por una demanda justa y porque, en este tema, son funcionales a los intereses corporativos de las patronales vascas.

La sociedad vasca tiene un conjunto de tradiciones luchadoras, solidarias y críticas, que están comprometidas con el país y que se deben articular al servicio de sus mayorías.