El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, se reunió ayer con empresarios y aprovechó el evento para presentar las nuevas normas fiscales que reducen sustancialmente los impuestos a las empresas. También ayer se conocía que desde Hacienda de Bizkaia se habían enviado requerimientos a los sindicatos exigiéndoles información sobre los pagos realizados por medio de la caja de resistencia.

A juzgar por los datos que trascendieron y por la respuesta que dieron tanto CCOO como ELA, Hacienda no pide una información concreta –según ELA tiene toda la información sobre los pagos realizados–, sino que da a entender que ha cambiado el criterio con respecto a la caja de resistencia: a partir de ahora Hacienda de Bizkaia considerará esos pagos como renta de trabajo y en consecuencia sujetos a retención. Los expertos podrán discutir sobre la naturaleza de esos desembolsos y si deberían estar sujetos o no a retención, pero quedan pocas dudas sobre el trasfondo político de ese cambio de criterio. Acaba de terminar en Bizkaia una larguísima huelga de las trabajadoras de residencias en la que la Diputación Foral tenía una responsabilidad directa. De hecho durante toda la huelga el cruce de acusaciones entre sindicatos y responsables forales ha sido constante. Una de las claves del éxito de esa larga lucha ha sido precisamente el uso de la caja de resistencia por parte de las huelguistas. Y todo indica que ese cambio de criterio de Hacienda busca debilitar la capacidad de ese instrumento de resistencia, así como la de similares formas de solidaridad obrera, con el fin de condicionar futuras luchas de los trabajadores por sus derechos.

Además de poco ético, no parece muy inteligente utilizar las instituciones –y mucho menos la fiscalidad– con fines partidistas. Sobre todo cuando el contraste es tan poderoso: todo son facilidades para los empresarios y cada vez son mayores las trabas para los trabajadores que luchan por unas condiciones de trabajo dignas.