Hace un mes la Fiscalía de Catania ordenó la incautación de un buque de la ONG ProActiva Open Arms, tras protagonizar un incidente con una patrullera libia durante el rescate de un grupo de inmigrantes. Se les acusó de asociación criminal y de favorecer la inmigración clandestina. Tras casi un mes inmovilizado, y después de haber recabado importantes apoyos sociales, políticos e instituciones, ayer la Justicia italiana decidía liberar el barco, aunque mantiene los cargos y la investigación.

Esta ha sido una de las muchas actuaciones de los gobiernos de la Unión Europea para entorpecer la intervención de organizaciones humanitarias en el mar. La operación militar «Sophia» fue el primer paso para expulsar a las embarcaciones solidarias de la zona. A continuación, la imposición de un estricto código de conducta, que entre otras cosas prohíbe las señales y obliga a que se admita a un oficial judicial en los barcos, llevó a muchas ONG ha abandonar la zona. A las restricciones europeas se suman las constantes amenazas de la Guardia Costera libia que completan la pinza contra las organizaciones humanitarias. Hasta grupos de la extrema derecha europea han fletado barcos para torpedear las operaciones de rescate, reforzando con sus actuaciones la sensación de invasión. El resultado es que si hace un año las ONG eran responsables del 35% de los rescates frente a las costas de Libia, en la actualidad apenas un barco continúa trabajando en la zona.

Detrás de todas estas maniobras para criminalizar los rescates en alta mar está la idea de crear una zona gris en la frontera, lejos del alcance de miradas críticas, en la que se pueda gestionar la inmigración sin respetar ni los derechos humanos ni las convenciones internacionales; de hecho, Libia no ha firmado la convención de Ginebra. La UE se presenta al mundo como garante de los derechos humanos mientras consiente que en sus fronteras no se respeten a inmigrantes que solo buscan una vida mejor.