Ayer fue noticia que el Gobierno de Lakua autorizó suscribir la ampliación de capital de la Sociedad San Mamés Barria SL, propietaria del nuevo campo de fútbol de San Mamés, hasta alcanzar la proporción de capital previamente acordada. Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa también hizo público el compromiso de aportar 3,4 millones de euros a la remodelación del estadio de Anoeta, justificando dicha contribución en que comparten «los valores que están detrás de la reforma del estadio» El compromiso se une a otro anterior del lehendakari Iñigo Urkullu de participar con 10 millones de euros en la misma obra.

Que nadie se confunda, no es una pugna entre dos clubes. De hecho, no son las únicas actuaciones en las que de manera directa o indirecta se subvencionan las actividades o infraestructuras de clubes deportivos privados por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, en estos casos llama especialmente la atención que las cuentas de la temporada 2014/2015 –última auditada– reflejen unos beneficios que rondan los 30 millones de euros.

El deporte profesional, y sobre todo los clubes de fútbol, levantan pasiones en nuestro país entre los aficionados que, lógicamente, defienden sus colores con vehemencia. Sin embargo, no conviene olvidar que se trata de entidades privadas con una importante base social, que poseen sus estructuras de gobierno y fuentes de financiación, y que participan en un gran negocio –alimentado por los derechos televisivos– que difícilmente puede justificar la aportación de dinero público, pero mucho menos todavía cuando acumulan importantes beneficios.

En cualquier caso, la responsabilidad no siempre está del lado de los clubes, puesto que muchas veces son los políticos –rehenes de la vieja política que no han aprendido nada de la crisis– los que se enredan en un «y yo más» con el dinero público, con el evidente afán de arañar un puñado de votos en las siguientes elecciones valiéndose de competencias mal entendidas y muy poco deportivas.