Los grupos de la izquierda parlamentaria garantizaron ayer en el Congreso español la convalidación del decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas y su tramitación sin cambios. A renglón seguido, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció su intención de completar este plan de choque con medidas adicionales en las próximas semanas. Este giro de última hora se ha producido tras el escrache al Ejecutivo de Sánchez protagonizado por las patronales vascas que aprovecharon el anuncio de Sidenor de que detendría su producción para presionar al Gobierno. Fue el diputado del PNV, Aitor Esteban, el que actuó de portavoz del ultimátum al apuntar la posibilidad de que se produjera un paro industrial que amenazaría, incluso, la viabilidad del propio Ejecutivo. Una amenaza impropia de una democracia y que trae a la memoria las trágicas consecuencias que han tenido en muchos países esos cierres patronales a lo largo de la historia.

Da la impresión de que las eléctricas han resuelto aumentar la presión al Gobierno, e invocando un supuesto cambio de reglas, han decidido modificar los contratos a largo plazo que tenían firmados con los clientes industriales, que son grandes consumidores de electricidad, con el objeto de predisponerles contra el Ejecutivo. Y esa decisión de las eléctricas ha sido la que ha alimentado las protestas de esta semana. Sin querer, el contrapunto lo ha puesto el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha vuelto a recordar esta semana que las grandes compañías extractoras de gas operan mayoritariamente con contratos a largo plazo por lo que no se están beneficiando de esta espiral de precios.

Visto lo ocurrido en el mercado eléctrico, ha quedado meridianamente claro que no fue una buena idea ceder un suministro básico, como es la electricidad, a las fuerzas del mercado; mucho menos cuando esas fuerzas son oligopolios muy poderosos. Terminar con estos chantajes requiere acabar con la liberalización de la electricidad.