Las víctimas como factor de solución, no de más víctimas

Euskal Herria es un país trágicamente lleno de víctimas de violencias políticas. No solo son de uno y otro «bando». Han coexistido las de la guerra del 36 y las de lo que el aún deportado en Sao Tomé Alfontso Etxegarai ha llamado «la del 58»; las hay reconocidas y no reconocidas; están quienes han logrado cerrar la herida y quienes todavía la tienen muy abierta; las que tienen proyección pública y las llevan su sufrimiento en silencio; incluso existen las que son víctimas sin sentirse como tales, por ejemplo muchas personas maltratadas en comisarías. Cada una es cada una y sus circunstancias, y, sin embargo, hay algo que las vincula: nadie va a entender mejor el dolor de una víctima que otra que ha pasado por la misma pérdida, aunque sea «del otro lado».

Desde la experiencia de Glencree hasta hoy, muchas han explicado que ese sufrimiento les une en cierto modo. Ahí nace un hilo conductor que obviamente no se podía manifestar en los años de atentados y torturas diarias, en que las víctimas de cada lado estaban condenadas a ser usadas básicamente como referencia que justificara la violencia propia. En nombre de las víctimas se han perpetrado muchas vulneraciones de derechos que a su vez han creado nuevas víctimas, y se siguen perpetrando en el caso de la política carcelaria. Su dolor, en resumen, ha sido utilizado generalmente para reproducir el daño y no para generar soluciones. Es tiempo y hay nuevas opciones de cambiar ese paradigma malévolo, ese legado envenenado.

¿Qué piden las víctimas de violencia estatal?

Cierto es también que las víctimas de uno y otro lado tienen históricamente sus problemas propios, añadidos al del sufrimiento. El de quienes han padecido la acción policial y parapolicial resulta notorio: han contado con el apoyo social que echaron en falta las otras, pero se les ha negado y sigue negando el reconocimiento oficial y la reparación. La anulación de la ley navarra por parte del Tribunal Constitucional busca perpetuar esta situación y la revisión que se anuncia de la ley homóloga de la CAV resulta inquietante (aunque tampoco caben desdeñar avances como el informe de Lakua que ha certificado oficialmente por vez primera más de 4.000 casos de tortura). El reconocimiento y la reparación son cuestiones básicas que no pueden seguir demorándose en el tiempo, pero eso choca con el terror de los poderes del Estado a perder la impunidad que se han otorgado a sí mismos todas estas décadas. Y les lleva a levantar un muro en torno a las otras dos cuestiones anexas: la justicia y, como antesala para ella, la verdad.

¿Tiene solución esa ecuación? Si la hay, evidentemente no pasa ni por que las líneas rojas las pinte el Constitucional español ni por que lo haga un pacto Lakua-Madrid que ni siquiera ha sido explicado hasta la fecha. Deberían ser las propias víctimas las que tengan voz y voto en la definición de ese esquema, porque tienen derecho a ello e incluso porque es posible que en su criterio haya nuevas soluciones; de hecho, no son pocas las que afirman que les sanaría más conocer la verdad de lo que sufrieron (quién lo ordenó, por qué, para qué...) que ver a los autores en la cárcel. Claro que para ello previamente tienen que ser reconocidas como sujeto, como las víctimas que son, algo que inconcebiblemente aún evitan líderes como Pablo Casado, en un ejercicio de negación a ultranza de la realidad que los inhabilita para tener cualquier futuro político en Euskal Herria.

¿Y qué piden las víctimas de ETA?

En cuanto a las víctimas de ETA, algunos tópicos empiezan a demostrarse falsos. Cada vez se escuchan más, y más alto, voces con criterios bien diferentes al que históricamente han trasladado ciertas organizaciones estatales. Cada vez es más notorio que estas han sido utilizadas políticamente y que fuerzas como el PP aspiran a seguir haciéndolo. Y por primera vez se escucha a dirigentes de AVT o Covite admitiendo implícitamente que con la ley en la mano cabe otra política carcelaria bien distinta, que comience por acercar a los presos y dejar de castigar a sus familias. Todo ello lleva a plantearse si hasta ahora lo que la opinión pública ha escuchado era lo que realmente pensaban esas víctimas o lo que al poder (político, mediático, judicial, policial...) le interesaba que se entendiera. Igual muchas víctimas de ETA, como muchas del Estado, necesitan más la verdad que el castigo. Más aún cuando este solo genera nuevas víctimas, algo que la sociedad en conjunto no se puede permitir.

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