Ayer el Senado español aprobó por unanimidad el fondo de compensación para las víctimas del amianto. Una reivindicación liderada por Asviamie que hace once años llevó al Parlamento de Gasteiz el parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala. Dos años tuvieron que pasar para que se creara una comisión parlamentaria que diera forma a la iniciativa legislativa. Tres veces ha tenido que presentarla el Parlamento Vasco en el Congreso para que fuera aprobada ayer. Un recorrido demasiado largo para una propuesta que, a juzgar por el resultado de la votación, era respaldada por todos los grupos parlamentarios. Tal vez el apoyo no era tan amplio como sugiere el resultado, pero tras la importante labor de concienciación y movilización realizada por las asociaciones de afectados, sindicatos y algunos partidos políticos resultaba políticamente mucho más caro continuar alargando los plazos.

En cualquier caso, el fondo ha sido aprobado y a partir de ahora las víctimas del amianto y sus familiares podrán solicitar las indemnizaciones correspondientes sin que su obtención dependa de un largo proceso judicial, ni tampoco de que la empresa responsable exista, haya desaparecido, o de su tamaño. El fondo indemnizará no solamente a los trabajadores, sino también a las mujeres que enfermaron lavando la ropa de trabajo de sus cónyuges, así como a aquellas personas que enfermaron simplemente por respirar las fibras de amianto cerca de las fábricas. Un importante avance para que todas las víctimas reciban justicia, reconocimiento y reparación –aunque tarde en muchos casos– sin tener que padecer largos e inciertos procesos judiciales. Tras la puesta en marcha del fondo, la principal tarea pendiente es retirar cuanto antes todo el amianto que fue instalado en nuestro medio ambiente.

Este fondo, por otro lado, es la primera iniciativa del Parlamento de Gasteiz que es aprobada en las Cortes de Madrid. La trayectoria seguida por la propuesta muestra lo largo, complicado y costoso que puede resultar implementar un acuerdo democrático cuando las instituciones de un país carecen de soberanía para ejecutar sus propias decisiones.