Una potente explosión acabó ayer en Beirut con la vida de varias personas, entre ellas la del exministro de Finanzas libanés Mohamad Chatha, que era uno de los principales asesores del ex primer ministro Saad Hariri. El atentado se produce en plena oleada de acciones armadas en el país mediterráneo, que parece incapaz de impedir el contagio de la guerra de Siria, aunque el objetivo elegido hace que muchos evocaran de inmediato el ataque que en 2005 causó la muerte de Rafik Hariri, padre de Saad. De hecho, el propio exmandatario atribuyó ambas acciones a los mismos autores y, concretamente, a Hizbulah, a pesar de que el partido-milicia chií calificó de «crimen atroz» lo ocurrido.

Es probable que, igual que ha ocurrido en otras ocasiones, nadie asuma la autoría del atentado o, al contrario, que la reivindicación del mismo llegue con un envoltorio tan farragoso que impida descifrar quién ha dado la orden de activar la bomba. Lo único cierto es que este ataque sucede a otros igualmente significativos contra líderes de Hizbulah, contra la embajada de Irán o contra destacados miembros de la comunidad suní, lo que ha enconado las diferencias entre unos y otros y ha puesto en serio peligro el precario equilibrio que impide que Líbano se sumerja en una nueva guerra civil. La celebración dentro de tres semanas del juicio contra cinco milicianos chiíes acusados de matar a Hariri y la falta de perspectivas de un final cercano del conflicto sirio, en el que participan libaneses en ambos bandos, hacen prever que la tensión vaya en aumento.

La sociedad libanesa se encuentra muy polarizada, inmersa en un bucle peligroso que podría conducirle a situaciones pretéritas que no le convienen ni a sus ciudadanos ni a ninguno de sus principales actores políticos. De hecho, la situación actual solo beneficia a quien siendo capaz de actuar contra unos y otros se encuentra más cómodo ante un Líbano dividido que ante un país unido internamente y firme frente a sus vecinos.