Madrid ha sido escenario este pasado fin de semana de dos acontecimientos que contemplados de forma conjunta tienen la virtud de reflejar el clima político que impregna el Estado español. El sábado, la villa castellana asistió a una gran movilización, un espectacular colofón a las llamadas «marchas de la dignidad» que, más allá del intento de algunas siglas por patrimonializarlas electoralmente, han concitado la adhesión de amplias capas populares. Ayer, a diez kilómetros del epicentro de la manifestación, falleció como consecuencia de una larga enfermedad Adolfo Suárez, prominente figura del franquismo al que encomendaron la tarea de pilotar la reforma hacia el juancarlismo. Son dos hechos que a priori nada tienen que ver entre sí pero que en ambos casos simbolizan el cambio de ciclo que vive hoy día la política estatal.

A Suárez, uno de los encargados de dejarlo todo atado y bien atado en las postrimerías del franquismo, lo aparcaron en un rincón de la historia quienes lo habían aupado, y su muerte coincide con la constatación de que el marco que ayudó a diseñar no da más de sí. En este sentido, la protesta de anteayer, dónde y en Madrid, es un ejemplo de que el umbral de la paciencia de mucha gente ha sido sobrepasado y que existe una masa crítica que exige cambios profundos. No es el principal síntoma de los males que afligen al «estado de las autonomías», pues en Catalunya las costuras han reventado y en Euskal Herria estamos cosiendo nuestro propio traje, pero sí es significativo, pues desborda el espacio en el que los mandatarios españoles siempre habían acotado a los enemigos del statu quo.

Lo que Suárez y otros artífices de la reforma dejaron atado empieza a desatarse, también desde dentro, y la violencia que los cancerberos del régimen están empleando contra las protestas en la calle es buen ejemplo de ello. Hay algo en el ambiente que recuerda a lo que se vivió hace cuatro décadas. Ocurre, sin embargo, que ya no hay reforma que mantenga en pie un sistema que nació corrompido y que se desmorona.