El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer el reglamento que permitirá regularizar su situación administrativa a cerca de 500.000 personas residentes en el Estado, varias miles de ellas en Hego Euskal Herria. La norma ve la luz finalmente con una modificación que endurece el aspecto relativo a los antecedentes. En la primera versión, en caso de que el país de origen de la solicitante no emitiera un certificado de antecedentes penales, bastaba con una declaración responsable. Ahora, dicho documento oficial será imprescindible.

Es una buena noticia que este proceso de regularización, largamente demandado por las organizaciones de apoyo a migrantes y refugiadas, se ponga finalmente en marcha. Sacará a decenas de miles de personas del ostracismo administrativo y les dará acceso a los derechos que siempre debieron ser suyos. La medida se aprueba, además, acompañada de una narrativa en defensa de la justicia y los derechos de las personas migrantes. No es, ni mucho menos, el único motor de esta gran regularización, pero en unos tiempos de canallismo generalizado, es positivo que este relato se imponga al utilitario. Es decir, a aquel que defiende la regularización por la mera necesidad económica de mano de obra extranjera. Es la gran paradoja europea, que hace que hasta el Gobierno de Giorgia Meloni esté multiplicando visados a trabajadoras extranjeras en Italia pese a toda la retórica antiinmigrante. Frente a este discurso, es importante subrayar que la regularización es positiva y necesaria en sí misma, porque reconoce a personas que llevan meses y años viviendo en el Estado como los sujetos de derechos que son.

Pese a eso, o quizá por eso mismo, cabe lamentar que esta regularización se dé de forma extraordinaria y que no venga acompañada de una modificación radical, cuando no derogación, de la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000. Las regularizaciones son una noticia positiva, pero también un recordatorio de que el marco legal vigente es una maquinaria racista que condena a miles de personas a años de irregularidad.