La cámara de Comptos remitió ayer al Parlamento de Nafarroa un informe sobre la compraventa de acciones de Iberdrola por parte de la sociedad pública Sodena, que ha terminado con una pérdida de 19,6 millones de euros para el sector público navarro. Comptos ha calculado, asimismo, la rentabilidad desde un punto de vista financiero, esto es, examinando todos los flujos monetarios entre los años 2005-2014, que sí resulta positiva, aunque menor a la inflación del periodo considerado, por lo que el informe concluye que ni siquiera se ha recuperado el valor inicial de la inversión.

Se trata de una operación que reúne todas las características de un negocio especulativo, realizada con recursos públicos para beneficio de bancos y otros intermediarios financieros. No solo se trata de la compra de acciones, sino que los recursos provienen de la venta de una empresa del sector público (CHN), creada para impulsar las energías renovables y que terminó en manos de una multinacional del sector. La compra se realiza utilizando la sociedad pública Sodena, cuyo objetivo es promover inversiones en Nafarroa. Para poder realizar la adquisición de acciones, el Gobierno declaró la inversión estratégica, sin aportar ningún tipo de plan, líneas de actuación u objetivos. A la inversión especulativa se añade –como en otras administraciones públicas– una operación de cobertura que se saldó una vez más con un quebranto que supera ampliamente los dividendos recibidos por las acciones.

El resultado es malo. Pero todavía peor es el perjuicio que han ocasionado los anteriores gobernantes a la economía navarra, al no haberse utilizado esos fondos públicos en inversiones productivas que hubieran permitido crear riqueza y empleo en un herrialde donde la pérdida de puestos de trabajo ha sido muy importante. El régimen olvidó completamente la distinción entre fines públicos y privados y, en consecuencia, que el criterio que debe regir las inversiones de las administraciones públicas es el de rentabilidad económica y social.