En las últimas semanas estaban coincidiendo en las primeras páginas de los periódicos asuntos como los de Hiriko, Kutxabank, Bidegi, Purines de Karrantza y lonja de San Antonio en Gasteiz, que tienen como elemento común la facilidad con la que dinero público o semipúblico acaba en determinados bolsillos privados. Y ayer se conoció el final de la instrucción del llamado «Caso de Miguel» en el que se amontonan nada menos que once delitos para un total de veintiséis acusados.

En todos los casos están implicados afiliados o empresarios relacionados con PNV, PSE y PP, así que ninguno de estos partidos está autorizado a tirar ni la primera ni la última piedra. Como también resulta chocante que cada uno de ellos invoque la presunción de inocencia para las causas que les salpican y se aplique con inquisitorial fervor condenatorio en las que afectan al contrincante electoral.

Hay además otro hilo conductor entre todos los casos citados: la búsqueda de la defensa propia acusando al resto de partidos o a la Fiscalía, a los jueces y a los medios de comunicación de estar movidos por oscuros intereses, empeñados en sobredimensionar cada denuncia en la búsqueda de algún objetivo político o económico poco confesable. Y por este camino, en lugar de asumir la realidad, admitir que las cosas no se han hecho bien, que queriendo o sin querer al calor del poder político se han incubado entramados de clientelismo económico, en lugar de adoptar soluciones de limpieza por la vía de la transparencia, se cae en la caza de brujas, en el señalamiento de culpables ajenos, sobre los que desde el abuso de la posición dominante ejercer algún tipo de venganza. El último ejemplo se produjo ayer. La Diputación de Bizkaia, lejos de rebatir la información de GARA sobre el diputado de Hacienda o dar alguna explicación, optó por la retirada de un anuncio pagado por todos los vizcainos. Lo que es otra muestra de mal uso del dinero público en interés privado.