Agentes de la Policía y de la Guardia Civil, respondiendo al llamamiento de la asociación Jusapol, rodearon esta semana el Congreso español, bloquearon sus entradas y salidas, rompiendo el cordón policial gracias a la inacción de los agentes encargados de la seguridad del Hemiciclo. Un vez dentro, amenazaron a diputados independentistas, haciendo el símbolo de una pistola con los dedos, al grito de «somos la Policía y la Guardia Civil, vais a tener guerra». Llueve sobre mojado con estas prácticas que, disfrazadas de una demanda de equiparación salarial, les sirven para insultar impunemente a diputados, sea ahora Laura Borrás en la Cámara de Madrid o antes Iker Casanova en Gasteiz. Jusapol trabaja al servicio de la agenda de Vox, con métodos que repiten el patrón del golpismo político-militar desarrollado en Bolivia o Ecuador.

Envalentonados, con las caras tapadas con máscaras y pasamontañas, portando grilletes y bengalas, lo que están haciendo estos policías y guardias civiles es un síntoma extremadamente grave de un mal de raíces históricas y rabiosa actualidad global: el fascismo. Con nuevas formas y siglas, pero con una identidad que viene del legado de Franco –algo con lo que, como institución, esos cuerpos nunca cortaron–, el fascismo empuja a la política hacia zonas tormentosas. No cabe mirar hacia otro lado, minimizar la amenaza, ni edulcorar la realidad. No cabe mostrar ni ambigüedad ni debilidad. La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y de la sociedad debe ser contundente. Cualquier otra actitud sería alimentar el mal y abrirle las puertas de par en par para que avance inexorablemente.

La lucha contra el fascismo no es ni debe ser una consigna icónica de la tradición resistente de la izquierda y del independentismo, debe convertirse en una batalla urgente de nuestro tiempo. El fascismo en su versión española no es invencible, depende de cómo se le hace frente, de cómo se articula, con urgencia, un frente antifascista efectivo.