Ni es un acuerdo ni servirá para solucionar nada

Era evidente que una cumbre del Consejo Europeo no iba a solucionar una crisis política –que no migratoria– de primer orden sobre la llegada irregular de personas al continente. Una cuestión estructural que lleva tiempo entre nosotros y cuya importancia, según las proyecciones demográficas –que hablan de declive en Europa y de gran crecimiento en África–, no hará sino aumentar en las próximas décadas. La estrechez de miras de la UE es sencillamente exasperante.

Las amenazas italianas y las urgencias alemanas han llevado a los jefes de Gobierno y de Estado de los 28 países de la UE a lanzar la pelota hacia adelante con un compromiso que se resume, dicho algo burdamente, en dejar hacer a cada país lo que le convenga. Italia podrá seguir cerrando sus puertos a los migrantes rescatados, dejándolos en manos de las guardias costeras de Libia –¿acaso no supone eso la instauración de informales e irregulares «plataformas de desembarco»?–; se mantiene el señalamiento contra las ONG que trabajan en el Mediterráneo; el grupo de Visegrado, con unas de las tasas de inmigración más bajas de toda la UE, seguirá azuzando el fantasma de una inexistente «invasión extranjera»; y en general, el norte de Europa seguirá desentendiéndose de un fenómeno cuya gestión, más allá de ayudas económicas puntuales, seguirá siendo cosa del sur del continente.

En el Estado español, PP y Ciudadanos han evitado de momento la tentación de emular a la Lega de Salvini, pero veremos cuánto resisten estando en la oposición. Sobre todo después de que tanto Madrid como Atenas hayan aceptado que Alemania pueda devolver «en caliente» –sin procedimiento judicial– a los migrantes en situación irregular que hayan entrado a Europa desde los Estados griego o español. Lo más insultante de todo es que se ha hecho, según el discurso oficial, para preservar «el acervo de Schengen». Es decir, de la norma que garantiza, a priori, la libre circulación de personas en el espacio europeo.

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