Ni revisable ni no revisable, ni a españoles ni a vascos

El Congreso cerró ayer la puerta a endurecer la llamada prisión permanente revisable introducida por el Gobierno del PP en 2015, algo que postulaban el propio PP y Ciudadanos, y en consecuencia la mantiene abierta a lograr su derogación. No es poco en un contexto muy viciado por el auge de las posiciones autoritarias y derechistas en el Estado, tanto a nivel político como social, y trampeado por tergiversaciones de hechos terribles como la muerte del niño Gabriel Cruz en Almería. Porque lo que evidencia este crimen no es que la prisión permanente revisable sea algo imprescindible, como esgrimen sus partidarios, sino lo contrario: ya estaba en vigor y no ha evitado este caso ni otros dramas mediáticos recientes como el de la joven Diana Quer.

Para Euskal Herria esta cuestión tiene otra derivada que no puede obviarse. Y es que quizás la prisión permanente revisable acabe revocándose, pero se mantiene en vigor otra prisión permanente no revisable, que es la impuesta a cerca de centenar y medio de presos y presas vascas por la combinación de la ley 7/2003 –una auténtica norma de guerra– y la elevación del tope de cumplimiento de cárcel a 40 años para estos casos, en 2008. Al «que se pudran en la cárcel» de José María Aznar le sumó cinco años después Alfredo Pérez Rubalcaba esta frase sobre un detenido de ETA: «Tiene 28 años y saldrá de la cárcel con 68, aunque entonces se le imputará también alguna pena más para que no conviva cerca de los familiares de las víctimas».

Rizando el rizo del absurdo, al portavoz del PNV, Aitor Esteban, se le preguntó ayer en TVE si su iniciativa contra la prisión permanente revisable es un «guiño» a la izquierda abertzale. Esteban tuvo que recordar que esa norma no se aplica a los presos vascos porque la Constitución impide la retroactividad. Pero nadie debería pasar por alto que a un número muy amplio de ellos se les aplica ese cóctel aún más excepcional y carente de cualquier sentido tras el fin de la acción armada de ETA.

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