No conviene llamarle consenso cuando es supremacismo legal
2019/12/01

Según el relato del PNV, que se difunde a través de la radiotelevisión pública y otros medios, tiene un acuerdo con sus socios del PSE y con Elkarrekin Podemos sobre las bases para lograr un Nuevo Estatus que actualice el autogobierno y lo lleve a otro estadio, tras cuarenta años de incumplimiento del Estatuto de Gernika, una vez desaparecida ETA y con grandes retos sociopolíticos por delante.

Leyendo los textos defendidos por cada uno de los ponentes y vistas sus discrepancias de raíz, se puede afirmar sin duda que ese acuerdo no es verdadero. No se corresponde con las posiciones fijadas en la comisión de expertos. Responde a un deseo o a una necesidad política, no a una realidad. Claro que es mejor estar de acuerdo que no estarlo, pero es que no es cierto.

Si nada cambia de ahora a mañana lunes, cuando los expertos nombrados por las fuerzas políticas presenten ante el Parlamento de Gasteiz sus propuestas, nos encontramos con las posiciones tradicionales. El PSOE defiende la primacía moral y legal de la nación española y no acepta que la sociedad vasca pueda decidir libremente su futuro; en el fondo defiende de manera sofisticada –pero con las clásicas amenazas– el mismo supremacismo que el PP sostiene sin pudor. Elkarrekin Podemos pone como condición que un hipotético plebiscito sea «legal y pactado con el Estado», sin aclarar cómo hacer efectiva la voluntad democrática si el Estado no quiere pactar y actúa con represión. EH Bildu defiende el derecho de autodeterminación y la capacidad de la ciudadanía vasca para decidir soberanamente sobre todas las cosas que le incumben. Y el PNV dice que está de acuerdo con los soberanistas, en teoría; y que también a ellos, como a los de Podemos, les gustaría que el Estado pactase un referéndum; pero que en el fondo todo el mundo sabe que los poderes del Estado tienen derecho a veto, que España tiene un déficit democrático histórico y que lo realista es ser conservador en lo político, ordenado en lo socioeconómico y, si se quiere, onírico en lo cultural.

Se puede defender lo que se quiera, pero no conviene engañarse ni engañar. El derecho a decidir está en la agenda porque hay una mayoría de la sociedad vasca que lo defiende. Tanto es así que Iñigo Urkullu prometió en 2012, en campaña electoral, que habría Nuevo Estatus para 2015. Ya es 2019, lleva dos legislatura y se vislumbran elecciones, pero no ese Nuevo Estatus.

Claro que no es fácil articular esa mayoría cuando contra Catalunya se ha liquidado el Estado de derecho y existe una amenaza reaccionaria y violenta. También hay que asumir que las décadas de resistencia y conflicto han afectado a la sociedad vasca y a sus familias políticas, que deben encontrar nuevos equilibrios, confianzas y alianzas, junto a otras fórmulas para desarrollar las luchas emancipadoras que reunen a grandes mayorías sociales. Por supuesto que para todo ello hacen falta acuerdos, pero no se puede hacer pasar como tales el derecho a veto de unos y el ventajismo de otros.

Una base democráticamente impecable

Tal y como la acordaron PNV y EH Bildu, la base política sobre la que los expertos tenían que construir un articulado en torno al derecho a decidir era democráticamente impecable. Merece la pena recuperarla, porque se quiere desvirtuar, y para que abertzales y demócratas no olviden qué considera inasumible el unionismo. Dice así: «La actualización del Autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad. No obstante, el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca. Se trata, por tanto, de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y la vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados».  

Explicado con otras palabras: la ley debe estar al servicio de la ciudadanía y de su voluntad democrática, no viceversa; el principio de «una persona un voto» es vital, sin supremacía de ninguno de los proyectos políticos pacíficos y democráticos; hay que negociar y pactar, llegar a compromisos políticos, pero estos no pueden depender del derecho a veto de una de las partes. Al final, lo que Alberto López Basaguren no puede explicar sin mostrarse como un autoritario es por qué cree que su voto vale más que el de su vecina independentista. La solución son todos los derechos para todas las personas.

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