Obstaculizar para expulsar el rescate humanitario
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que gestiona el Aita Mari, informó ayer de que las autoridades valencianas le han exigido un pago de 63.000 euros en concepto de tasas por el uso de los puertos de la comunidad para el mantenimiento de su barco de rescate. Según señalaron sus portavoces, PP y Vox han cambiado la norma derogando la exención que tenían los barcos de rescate en el pago de las tasas portuarias. La liquidación corresponde a los últimos cuatro años, de lo que se deduce que además han aplicado el cambio con carácter retroactivo, algo que está expresamente prohibido en la legislación.
Es evidente que la decisión de las autoridades valencianas busca dificultar todavía más las labores de los barcos de salvamento en el Mediterráneo. Multiplican los costes de las operaciones de socorro y de este modo reducen la capacidad de los barcos para atender rescates en el mar. Otro obstáculo más que se une a la práctica habitual de designar como puerto seguro destinos que se encuentran muy alejados de la posición de los barcos que han rescatado migrantes, o a las constantes inspecciones que a menudo terminan en la apertura de expedientes que inmovilizan los navíos y pueden acarrear importantes multas. La ultraderecha no solo quiere dejar a los migrantes que atraviesan el Mediterráneo desamparados, sino que con este tipo de actuaciones pretende además evitar testigos molestos que denuncien las violaciones de derechos que ocurren en alta mar, como las respuestas negligentes a las llamadas de socorro o las cobardes e inhumanas actuaciones de los guardacostas griegos que acosan a las embarcaciones de migrantes y que, según una investigación de la BBC, habrían causado al menos cuarenta muertes.
La ultraderecha quiere expulsar del mar Mediterráneo la solidaridad y la ayuda humanitaria. Quiere un gran mar vacío que se convierta en barrera mortal para los migrantes. Paso a paso está poniendo en práctica su agenda racista y xenófoba. Una parte importante de su estrategia es obstaculizar y criminalizar la ayuda humanitaria hasta acabar con ella. Hay muchas vidas en juego como para no hacer frente a estos planes.