El Estado francés vivió ayer una nueva jornada de movilizaciones, la quinta, contra la reforma laboral propuesta por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri. Organizaciones estudiantiles y sindicatos convocaron manifestaciones a lo largo y ancho del hexágono. El día terminó con más de un centenar de personas detenidas y hubo algunos incidentes. El primer ministro, Manuel Valls, defiende una reforma que reconoce inspirada en la aprobada por el Gobierno de Rajoy.

Los cambios planteados por el Gobierno no derogan la Ley de las 35 horas; sin embargo, amplían las causas a las que pueden apelar las empresas para no aplicarla. La reforma abre, asimismo, la puerta a los despidos colectivos y, quizás la cuestión a la que más importancia se está dando, da prioridad a los acuerdos de empresa sobre los convenios colectivos generales. Esta modificación del ámbito de las relaciones laborales puede parecer una cuestión menor, pero pone colofón al acuerdo tácito que dio lugar al estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces se estableció un marco de negociación entre la patronal y los sindicatos para acordar las condiciones laborales y el reparto del excedente a cambio de no poner en cuestión el statu quo. Como ha ocurrido antes en otros países, la patronal francesa considera que cuenta con fuerza suficiente para imponer unas nuevas reglas de juego.

Llevar la negociación a la empresa refuerza en el plano ideológico el esfuerzo por individualizar las relaciones laborales, al vincularlas todavía más a la situación particular de las empresas concretas. Este paso se da precisamente cuando mayor es el carácter social de los puestos de trabajo en las sociedades industriales, tal y como nos muestra estos días la crisis de la siderurgia, donde cada cierre deja en evidencia la tupida red de dependencia de los puestos de trabajo. Y si bien las manifestaciones muestran fuerza,  también revelan carencias ante unos cambios unilaterales que continúan expandiéndose por Europa.