Ayer se celebró la habitual reunión de febrero del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) en la que se cierran las cuentas del ejercicio anterior. La recaudación ha superado las previsiones, pero ni esa alegría ha sido suficiente para que las diputaciones y el Gobierno de Lakua hayan podido cerrar un acuerdo para la renovación de la Ley de Aportaciones, que continúa prorrogada desde el año 2012.

El entramado institucional sui géneris que tiene este país necesita una ley que defina las reglas para la distribución de los ingresos entre las instituciones que recaudan y las que disponen. Esos preceptos no han cambiado sustancialmente desde la primera Ley de Aportaciones aprobada en 1983. Ha tenido algunos retoques, como la creación del Fondo General de Ajuste que se estableció para mitigar los desequilibrios. De repente ahora, tras más de siete años sin acuerdo, en la reunión de ayer y fuera del orden del día el CVF aprobó crear un nuevo fondo extraordinario, también con el objeto de paliar los desequilibrios que genera este peculiar sistema. Tanta prisa solo puede ser consecuencia de la inminente campaña electoral y lo que se ha aprobado no es más que una muletilla con la que se pretende salvar la cita de mayo sin cambiar nada.

Cualquier cambio sustancial que se acuerde va a tener irremediablemente un efecto positivo en algunas instituciones y negativo en otras, porque se trata de un juego de suma cero en el que uno gana lo que otro pierde. Este simple hecho impide cualquier tipo de arreglo, especialmente si la perspectiva de los dirigentes de esas instituciones es la particular y egoísta del herrialde. Si hubiese visión de país posiblemente hubiera también una apuesta por evitar duplicidades, racionalizar las competencias y simplificar la administración, con lo que se obtendrían más recursos para la ciudadanía que los que se malgastan en la totalmente anacrónica estructura institucional actual.