El periodo 1997-2003 marca una de las fases más duras del enfrentamiento armado en Euskal Herria y señala también el momento en que el Estado decidió quitarse definitivamente la careta y dotarse de todo un arsenal de medidas excepcionales. Ahí llegaron los macrosumarios del «todo es ETA» y sus consiguientes razias, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización, la centralización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o la menos conocida Ley 7/2003 que introdujo una cadena perpetua de facto con cumplimientos de condena de 40 años sin redenciones, terceros grados, libertades condicionales… Pese a que el entonces presidente español por mayoría absoluta, José María Aznar, presentó todo ello como una ofensiva plenamente legal (en contraposición a prácticas anteriores como la guerra sucia), este conjunto de acciones no eran ley sino pura trampa, y su alcance no podía ser más que temporal si Madrid quería seguir teniendo una apariencia mínima de Estado de Derecho.

Tras el fin de la lucha armada de ETA, si bien el Estado ha despreciado la oportunidad de aportar en positivo para el cierre definitivo del conflicto, algunas de esas prácticas se han superado por la fuerza de los hechos y la lógica del paso del tiempo. Así ocurrió en 2011 con la legalización de la izquierda abertzale y así ocurre ahora con los acuerdos judiciales que cierran sin cárcel los últimos macroprocesos políticos. Sin embargo, la situación de los presos y presas y sus familias sigue exactamente en los mismos términos impuestos en aquel 2003, que no tienen parangón alguno en Europa y que ya casi nadie defiende en Euskal Herria.

Como ha pasado con la legalización y los acuerdos jurídicos, el camino para superar estas leyes pasa inevitablemente por usar sus resquicios para hacer palanca y abrir grietas. Se trata de desactivar una trampa que no solo atrapa a los presos, sino por extensión a todo un país que reclama mayoritariamente cerrar esta fase para siempre.