La razón básica por la que la izquierda abertzale no puede decir lo que piensa sobre la violencia política es que no lo puede decir libremente. Parece mentira que el resto de partidos, pero especialmente el PNV, se empeñen en este debate sin tomar en cuenta el crucial hecho de que los líderes de ese movimiento que pusieron en marcha el cambio de una estrategia político-militar a una basada –simplificando mucho– en la confrontación democrática y en el principio de «todos los derechos para todas las personas» siguen en la cárcel. Por no mencionar que uno de ellos, Arnaldo Otegi, ya sufrió previamente una condena por participar en un homenaje a José Miguel Beñaran Argala, dirigente de ETA muerto en un atentado paramilitar. Alguien que, por otro lado, ya expresó claramente las consecuencias morales que la violencia tenía en las personas. Esa reflexión ha sido y es parte del acerbo de esta familia política. «¡Viva la muerte!», el que hoy en día sigue siendo lema de la Legión Española, jamás ha sido parte de esa tradición.

Para muchas personas en este país Argala es un héroe. Para otras es, simplemente, un asesino. Estos últimos lo pueden clamar abiertamente mientras los primeros no lo pueden decir, aunque lo piensen. Porque decirlo, insistimos, los llevaría a la cárcel. Creer que esas personas lo van a dejar de pensar porque esté prohibido decirlo es un ejercicio de irrealismo político. Lo que no puede estar a debate es que Argala es una víctima del conflicto. Murió en un atentado.

Cuando los familiares de unas víctimas dicen que no quieren que se mezcle a sus allegados con casos como el de Argala, obvian que probablemente los allegados de este tampoco quieren que él figure con, pongamos, Melitón Manzanas. Y así como unos piensan que matar a Argala estuvo justificado –se le acusa de ser miembro del comando que llevó a cabo el atentado contra Carrero Blanco–, otros creen que matar a Manzanas también lo estuvo –los testimonios de las torturas que perpetró ese policía son espeluznantes–. Esto son hechos, y negarlos no va a ayudar a cambiarlos.

Exceptuando justicieros bíblicos, todos convendrán en que, frente a la muerte, habría sido mejor que una justicia imparcial hubiera actuado con unos y con otros. Pero es que la ley actuó con unos y no lo hizo con los otros. La excepcionalidad jurídica, la misma que se utiliza ahora para que unos no puedan decir libremente lo que piensan, ni siquiera si se trata de reivindicar la memoria de unas víctimas, anula cualquier intento de superioridad moral por parte de quienes han tenido responsabilidades institucionales durante las décadas de conflicto abierto. El caso de las detenciones por el homenaje a Luzia Urigoitia es muy significativo.

Es lamentable que en 2015 el nivel del debate político sea este. Se trata de un momento histórico para los vascos y los políticos nos obligan a escribir editoriales que tienen que partir de “Barrio Sesamo”.

Unilateralidad en sentido inverso
Existe otra razón poderosa para que la izquierda abertzale no diga lo que piensa realmente sobre la violencia. Lo que le pide el resto de partidos no es que diga lo que piensa, sino que piense lo que ellos dicen. Y si lo hiciese, dejaría de ser la izquierda abertzale. Una vez más, se trata del deseo infantil de unos políticos conjurados para rebajar el nivel del debate público.

En todo caso, que la izquierda abertzale no deba decir, mucho menos pensar, lo que otros quieren que diga o que piense, no significa en ningún caso que no deba decir lo que realmente piensa. Incluida una autocrítica honesta que, en gran medida, ya ha hecho pública. Una autocrítica que parta de la responsabilidad que tiene en el sufrimiento de otras personas. La alternativa a la responsabilidad es la irresponsabilidad que muestra el resto.

Ahora bien, si partimos de los términos éticos que quiere establecer el PNV, también hay que decir abiertamente que ninguna fuerza política vasca tiene la autoridad moral que tienen Eusko Alkartasuna, Alternatiba o Aralar en ese terreno. Por supuesto, no la tiene el Ejecutivo de Lakua que, según sus propios datos, permitió que 5.000 ciudadanos suyos –otros estudios lo elevan a 10.000– fuesen torturados. Todos lo sabíamos, solo tenían que leer este periódico para saber qué estaba pasando, tal y como ahora reconocen.

No se debería perder demasiado tiempo en este tema. Pero puestos a invertirlo, es mejor hacerlo en pensar lo que se dice que en decir lo que no se piensa.