Tras casos como el de Ester Quintana y dinámicas como las de Stop Bales de Goma, el Parlament de Catalunya prohibió en 2013 el uso de estos proyectiles. A quien recuerde este dato quizás le habría sorprendido ayer leer que uno de los manifestantes del lunes tarde en el aeropuerto de El Prat ha perdido un ojo y otro parte de un testículo, según todos los indicios por pelotazos de goma. Tras saberse, la Policía española no tuvo ningún reparo en admitir que disparó estos proyectiles contra las protestas por la condena al «procés». Y añadió que ni este cuerpo ni la Guardia Civil se sienten afectadas por el prohibición del Parlament, que en todo caso creen que atañerá a los Mossos d’Esquadra.

Sobra decir que ningún responsable policial español salió siquiera a pedir disculpas por estos dos heridos de gravedad; al contrario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que tanto en el aeropuerto como en Vía Laietana se cargó «con proporcionalidad». El mismo argumento que usó el Ejecutivo de Rajoy en 2018, cuando el PDeCAT le invitó a prohibir ese material: «Las FSE se guían por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance». El Supremo dijo media verdad el lunes al admitir en la sentencia que el «procés» no se apoyó en la violencia; la otra media que no citó es que son las FSE las que actúan violentamente siempre que ven ocasión en Catalunya, aunque sea contra unas meras urnas.

Esta es una constatación obvia. Lo que añade la altanera reacción ayer de la Policía española y Grande-Marlaska es que el Estado no necesita un 155 para ciscarse en decisiones de parlamentos autonómicos. Lo hacen por sus pelotas. Y nadie debería engañarse situando esta cuestión como una derivada de la actual excepcionalidad catalana; lo harían igual en Euskal Herria si el Parlamento de Gasteiz (que estuvo a punto en 2015) o el de Iruñea emularan al Parlament y prohibieran este material.