PNV, PP, Vox y Junts tumbaron ayer el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler, una medida estructural –con excepciones y garantías para los arrendadores– que en Europa han adoptado diferentes gobiernos conservadores y progresistas. Una medida que, lejos de atacar al pequeño propietario, siempre en boca de las derechas, le da una estabilidad y una seguridad de las que no dispone ahora. Siempre que no pretenda especular, claro. Esa y no otra era la cuestión de fondo del pleno de ayer, en el que las derechas vasca, española y catalana ampararon que los propietarios, grandes y pequeños, puedan seguir especulando en detrimento del derecho al acceso a la vivienda.

El PNV, sin embargo, se desmarcó en la votación del otro decreto, que incluía medidas necesarias y urgentes –en ningún caso estructurales– como el fin temporal de los desahucios hasta 2030 y un tímido intento de frenar los pies a los fondos buitre y a los alquileres de temporada y por habitaciones. El decreto decayó con el voto del resto de las derechas, pero los equilibrios de los jeltzales, que dieron un «sí crítico» a unas medidas que podrían calificarse de mínimo humanitario en un contexto de crisis de la vivienda, sirven para ilustrar la incomodidad de un PNV con un tema en el que el cuerpo le pide votar una cosa, y el cálculo electoral, otra. Una crisis para la que, además, no tiene propuesta ni solución, más allá de la construcción de nuevas viviendas, como si sacrificar más ladrillos ante el altar del mercado fuese a conseguir que este se autorregulase. La derecha acostumbra a despreciar a la izquierda por utópica y dogmática, pero no hay ahora mismo mayor acto de fe en lo imposible que pensar que puede solucionarse el problema de la vivienda sin intervenir el mercado.

Las votaciones retratan crudamente a las derechas, particularmente a Junts, pero vuelven a dejar tocado al Gobierno de Pedro Sánchez, que no cuenta con mayoría ni para sacar adelante decretos de mínimos como los de ayer. En las próximas horas deberá calibrar si en los meses que siguen puede darse un escenario que convierta una crisis real como la de la vivienda en el eje de la próxima campaña electoral.