El PP y el PSOE, cada uno por su lado pero en evidente sintonía, registraron ayer en el Congreso español sendas proposiciones en las que se insta a cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre reformas estatutarias, una herramienta que estuvo en vigor hasta 1985 y que en Madrid se rumoreaba que podría ser rescatada a raíz de lo que ha ocurrido en Catalunya. La idea de los proponentes es que cuando se apruebe la modificación de un estatuto, quienes tienen potestad para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) dispongan solo de tres días para impugnar la ley pero que, en caso de hacerlo, los trámites de la reforma queden congelados, incluyendo el referéndum previsto para ratificarla.

En un ejercicio de cinismo, la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, justificó la propuesta en la necesidad de «evitar la frustración» que supone para la ciudadanía pronunciarse en las urnas sobre una reforma del marco legal para que luego el Constitucional la modifique, cuando es evidente que el motivo de esta iniciativa parlamentaria es precisamente impedir que la sociedad pueda expresarse y que luego se visualice el veto de las instituciones españolas. Nadie olvida que fue precisamente la intervención del TC, además del previo cepillado en las Cortes, el desencadenante del actual proceso soberanista y de la enorme desafección de la sociedad catalana respecto al Estado.

El objetivo de este movimiento ejecutado al alimón por PP y PSOE es tejer un blindaje frente a procesos como el que se está desarrollando en Catalunya –aunque en este caso llega tarde– o el que podría fraguarse en este país en caso de que se construyeran mayorías suficientes. Al respecto, es paradójico que el lehendakari haya puesto un especial empeño en que PP y PSE se sumen a la reforma del estatus que ha planteado en el Parlamento, mientras en Madrid esos partidos no paran de cavar trincheras para impedir cualquier cambio.