El Índice de Precios Industriales del mes de octubre ha experimentado el mayor aumento en 45 años. La subida en la CAV es similar a la del Estado, el 6% solo en octubre y el 30% en lo que va de año, mientras en Nafarroa es un poco menor, 4% y 17%, respectivamente. Lo más relevante, sin embargo, es que se observa como el incremento de los precios de las materias primas –la energía– ya ha empezado a trasladarse a los bienes intermedios, que han subido entre un 10% y un 17% en un año, y poco a poco terminarán por empujar los precios de bienes de consumo. Es difícil, por tanto, creer que estemos ante un fenómeno pasajero.

Unas cifras que además están muy alejadas de ese 2% que se establece como límite. Sin embargo, según las actas de su última reunión, el BCE sigue deshojando la margarita, y fiándolo todo a que a medio plazo la inflación se desacelere. Esta desidia tal vez sea consecuencia de que realmente no tiene herramientas para actuar. La razón es que el fundamentalismo de mercado de las instituciones europeas ha dado un enorme poder a los grandes grupos empresariales. Convertidos ahora en oligopolios carecen de competencia y pueden manipular los precios a su conveniencia. Y tras un año de pandemia malo, han decidido completar sus cuentas de resultados inflando precios.

En Girona, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, volvió a señalar que la clave es evitar los efectos de segunda ronda, es decir, que los salarios suban tanto como los precios. Propuso ligar la subida a la inflación pero sin contar los precios de los alimentos no elaborados y la energía que representan, nada más y nada menos, que el 18% del gasto de una familia, casi uno de cada cinco euros, según la cesta de la compra con la que el INE calcula la inflación. Una receta que tendrá alguna credibilidad cuando se reste poder a las grandes corporaciones y se graven como es debido los beneficios extraordinarios que están obteniendo. Todo lo demás es tratar de que paguen los más humildes.