Preocupante recorte de derechos y libertades

La celebración de la cumbre del G7 en Biarritz ha estado rodeada por un despliegue policial y militar pocas veces visto. Tal ha sido el afán a ambos lados de la muga que han logrado dibujar a Euskal Herria por encima de la frontera impuesta. El Gobierno francés no ha escatimado recursos en un despliegue espectacular: accesos restringidos o directamente cortados, servicios públicos –como la recogida de residuos– suspendidos, zonas vaciadas, control exhaustivo de la identidad de la población local, restricciones al tráfico y una presencia policial asfixiante. A este lado de la muga, a pesar de no celebrarse evento oficial alguno, Lakua ha ido mucho más allá que los organizadores de la cumbre, desplegando a prácticamente la mitad de la plantilla de Ertzaintza y estableciendo una restricciones al tráfico más rigurosas que en Lapurdi. Finalmente, se han visto obligados a reconocer el exceso y a permitir el paso de vehículos antes de lo previsto. Un alarde securócrata del Gobierno de Urkullu carente de la más mínima justificación y que habrá tenido, además, un importante coste para las arcas públicas.

Sorprende la resignación con la que se ha tratado el recorte de libertades en muchos medios de comunicación. Una actitud que contrasta con las vivas quejas que provoca cualquier huelga obrera con una incidencia en la vida social y económica que no tiene punto de comparación con lo sucedido estos días alrededor de Biarritz.

El despliegue policial y las medidas extraordinarias a ambos lados de la muga han sido equiparables a un estado de excepción establecido de facto y sin la debida sanción del poder legislativo. Se han suspendido derechos civiles y se han restringido libertades fundamentales en nombre de la seguridad, en un movimiento que desgraciadamente se está volviendo cada vez más habitual en Europa; y que ya sirve como ejemplo inspirador a Turquía para actuar contra los líderes kurdos. Una inquietante deriva autoritaria ensayada durante una reunión en la cumbre de los países autodenominados «grandes democracias liberales».

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