La huelga de médicos está tensando los servicios de salud de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. La dinámica de protestas se está dando a nivel estatal y tiene, en términos generales, al Ministerio de Sanidad como principal objetivo. Le reclaman un estatuto propio para médicos y facultativos. Muchas de las demandas secundarias, sin embargo, responden a asuntos de la competencia de los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz, lo que hace que la movilización tenga su propia dinámica en Nafarroa y en la CAV. 

En el primer caso, el Gobierno de María Chivite presentó el martes una propuesta que mejora la consideración de las guardias de los médicos y limita las jornadas máximas que pueden desarrollar los facultativos –acabar con las jornadas de 24 horas es una de las grandes demandas–, algo que los representantes de los médicos consideraron «interesante». Habrá que ver cómo evoluciona, pero el canal negociador está abierto en ese herrialde, donde el Ejecutivo parece estar asumiendo responsabilidades en el ámbito de su competencia.

No es, a tenor de lo visto los últimos días, lo que está pasando en Osakidetza, donde las aguas bajan más revueltas y desde hace más tiempo. Las recientes dimisiones de la directora médica del Hospital de Cruces, Irama Villar, y de la subdirectora de servicios médicos, Maider Garmendia, no han hecho sino agravar una crisis que viene de la anterior legislatura y que el consejero Alberto Martínez no logra encauzar. La estrategia del PNV pasa por depositar toda la responsabilidad en la ministra española Mónica Garcia, contra quien Aitor Esteban cargó en abril con una virulencia inusual, llegando a reclamar a Pedro Sánchez su cese. El problema es que el propio colectivo de médicos le ha recordado al partido jelkide y a Lakua que está bien eso de presionar a Madrid, pero que tiene competencias más que sobradas para encarar muchas de las demandas de los facultativos y, más allá de la actual huelga, afrontar los problemas estructurales que arrastra Osakidetza. Cada día que el Ejecutivo pasa sin asumir las responsabilidades propias en materia de salud es un día perdido para recuperar el sistema sanitario público que la ciudadanía merece.