La Audiencia Nacional española ha sentenciado que Iratxe Sorzabal fue sometida a «tratos inhumanos» por parte de la Guardia Civil durante su detención en 2001, que su autoinculpación «es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos)» y que, por lo tanto, la declara «nula de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales». En consecuencia, ha sido absuelta de la colocación de un artefacto en Irun en 1995. Es una sentencia impactante, porque corrobora lo que sabía toda la sociedad vasca y lo que durante décadas han negado por activa y por pasiva todas las instituciones estatales: que los arrestados vascos, incomunicados bajo la «ley antiterrorista», eran torturados hasta confesar lo que les decían los policías; y que forenses y jueces certificaban esas autoinculpaciones sin atender a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Hasta ayer, al menos.

Hay que denunciar, no obstante, que con idénticas pruebas y evidencias de torturas, Sorzabal ha sido condenada anteriormente por el mismo tribunal especial, por lo que permanece presa contra todo sentido de justicia. También hay que recordar que diferentes intermediadores internacionales que tuvieron relación con ella más tarde, cuando era interlocutora de ETA, señalaron que la obsesión por condenar a estos militantes respondía a una pulsión vengativa ajena a todo sentido político constructivo y a la voluntad de paz que debe tener un Estado serio. Más aún si ese Estado en su lucha contra la disidencia política ha violado derechos humanos de una forma tan bestial y sistemática. Ojo, en medio de Europa.

El caso Sorzabal debería traer consecuencias profundas para los poderes del Estado español. Y también debería mover a una reflexión, si cabe más profunda, a las estructuras sociales y políticas vascas que, de una manera u otra, han mirado hacia otro lado ante el escándalo judicial y político de las torturas. Se han dado pasos, pero se deben dar más. Las víctimas merecen verdad, justicia y reparación. En concreto, Iratxe Sorzabal debería ser liberada ya. Y la sociedad vasca debe tener garantías de que nunca volverá a suceder.