GARA revela hoy que el Fondo Social de Vivienda presentado el lunes por Lakua ha sido diseñado por la consultora madrileña Analistas Financieros Internacionales (AFI), que seguirá vinculada a la iniciativa para prestar «asistencia técnica económico-financiera». Los contratos, el primero de los cuales se firmó en agosto de 2025, no se han inscrito en el Registro de Contratos del Sector Público Vasco hasta esta semana, lo cual plantea preguntas serias y pertinentes sobre la falta de transparencia.

Pero el problema va más allá de la opacidad del proceso. Esta tendencia a subcontratar parcelas cada vez más amplias y diversas de las políticas públicas a consultoras privadas no ha hecho más que crecer hasta convertirse en norma. Del plan de inversiones industriales a la gestión de los fondos Next Generation de la UE, pasando por el plan de Seguridad, el puerto de Bilbo o el ámbito sanitario, es difícil encontrar alguna rama del Gobierno libre de consultoras.

Pero dejar en manos privadas políticas públicas que afectan al futuro del país tiene sus consecuencias. Por un lado, porque se trata de consultoras que se deben a sus clientes, entre los que están las administraciones públicas, pero también las grandes empresas. Por ejemplo, una consultora que está también en nómina de grandes constructoras, ¿va a proponer políticas de vivienda que perjudiquen a empresas del sector? Por otro, mientras el Gobierno alega falta de medios propios, cada año dedica miles de euros a despachos privados. ¿No sería mejor destinar ese dinero a la constitución de equipos propios capaces de diseñar políticas con el interés público como única guía? Por último, estas consultoras alimentan un caldo de cultivo del que es muy sencillo que emerjan prácticas corruptas. Las puertas giratorias son una constante entre cargos políticos y consultoras, que en más de una ocasión han sido investigadas y sancionadas por actuar como cártel y repartirse contratos. Esta externalización es, en suma, la expresión de un modelo concreto de colaboración público-privada en la que la parte pública va cediendo cada vez más terreno a actores privados que no responden al interés común.