En un país en el que la prohibición de concentraciones y otras movilizaciones, siempre del mismo signo, ha sido poco menos que habitual, se pretende hacer creer que es imposible no permitir una concentración fascista inadmisible por insultante e intimidatoria. Que la Administración no puede objetar motivo alguno para que no se lleve a cabo y ha de limitarse a disponer la protección de los provocadores, como hicieron el pasado domingo ante la concentración de Falange Española en Gasteiz. El resultado es conocido; jóvenes heridos, alguno de gravedad, detenidos, y los falangistas en todo momento escoltados por la Ertzaintza, incluso cuando agredían a personas que les increpaban.

Como en tantas ocasiones, la actuación de la Ertzaintza resultó ser un peligro para la ciudadanía. Un peligro con graves consecuencias. El disparo a bocajarro en la cara de Aritz Ibarra, ignorando cualquier protocolo y sin siquiera amago de agresión hacia el policía que disparó o la pasividad e incluso colaboración de los agentes con las agresiones de los fascistas no dejan lugar dudas. Pero lo sucedido el pasado domingo no fue una excepción, como no lo fue la intervención policial que provocó la muerte de Iñigo Cabacas y otras muchas antes y después de aquella. El problema trasciende la discusión sobre el uso de pelotas de goma o de foam; se trata de los criterios y el modo de proceder, y de la aptitud de las personas autorizadas para utilizar ciertos medios disuasivos. Sin embargo, la actitud policial del pasado domingo es, según los socios del Gobierno de Lakua, violencia legítima.
 
La proposición no de ley que ayer presentaron PNV y PSE con intención explícita de evitar que el adversario político «se vaya de rositas» más bien parece un intento de eludir la responsabilidad propia defendiendo lo indefendible, contra la evidencia y sin entrar «en debates con el periodista»; es decir, sin dar explicaciones. De momento, quienes se han ido de rositas han sido los autores y los responsables de los disparos a Iñigo Cabacas y a quienes engrosan una larga lista a la que se ha sumado otro joven gasteiztarra, por lo que es comprensible la cautela ante el recorrido judicial de su denuncia.