Recursos financieros hay, falta el plan industrial

El lehendakari de la CAV, Imanol Pradales, presentó ayer la Alianza Financiera Vasca, un acuerdo con nueve entidades financieras que pretende movilizar 4.000 millones de euros, de los que Lakua aportará 1.000 millones a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). Según explicó Pradales, los recursos se dedicarán exclusivamente a la realización de inversiones financieras ligadas a la transformación económica de los sectores tecnológico e industrial y  de las infraestructuras científicas y energéticas. Mencionó también otros objetivos, como el arraigo, hacer un territorio atractivo a la inversión o mejorar el diálogo público-privado.

A pesar de que no trascendieron muchos más elementos para juzgar la iniciativa, da la impresión de que finalmente el sector público parece decidido a desempeñar un papel más activo en la financiación de la industria por medio del IVF, algo que ha sido una demanda de la oposición desde hace tiempo. No obstante, esta decisión política también abre algunos interrogantes. Las finanzas son, a fin de cuentas, un instrumento; lo importante es definir un plan y las prioridades a las que se dirigirán esos recursos. Y Lakua, de momento, no tiene plan industrial. Es cierto que ha encargado la elaboración de uno a una consultora privada en cuyo equipo está Guillermo Dorronsoro, director de Zedarriak, entidad que en enero abogaban por abrir el debate de la energía nuclear y calificaba de «fantástica oportunidad» la inversión en la industria militar. Y si a esa oportunidad se añade que Pradales apuntó que nos encontramos en un escenario internacional de incertidumbres que exige «asumir responsabilidades», todo apunta a que el principal motivo de este viraje es que la industria vasca no deje pasar la guerra como oportunidad de negocio.

El interés empresarial es lo que mueve la mayoría de estos proyectos de colaboración público-privada, sin embargo, el sector público tiene la obligación de mirar más allá de las ganancias empresariales y velar por el interés general. Corresponde al Gobierno, por tanto, liderar una trasformación industrial que esté enfocada a mejorar la vida de la gente; y sin un plan público a largo plazo ese objetivo no es alcanzable.

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