Se cumple la ley pero queda mucho por avanzar
2019/07/12

Los datos sobre los convenios especiales de cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas dependientes han alcanzado en julio la cantidad de 40.000 en el Estado español. Llegaron a ser 178.000, pero a partir de 2012 se redujeron drásticamente. El Gobierno del PP modificó la Ley de Dependencia de 2006 para que fueran las propias cuidadoras, y no la administración pública como hasta entonces, las que se hicieran cargo de las cotizaciones. Ese cambio redujo el número hasta dejarlo en las 7.300 que había antes de que el nuevo decreto entrara en vigor en abril de este año. Lo más llamativo es que las cuatro provincias vascas, con casi 8.500 acuerdos formalizados, se encuentran a la cabeza de este indicador. Es un importante avance en igualdad, porque esos convenios permiten a muchas mujeres –son casi el 90% del total– cotizar a la Seguridad Social mientras cuidan a un familiar con dependencia. Pueden así completar su vida laboral y generar derecho a prestaciones como la jubilación.

Aun siendo un paso importante en el reconocimiento de los trabajos de cuidados, conviene no perder de vista que este sistema está estructurado de tal forma que, aunque estas personas estén dadas de alta, la Seguridad Social no reconoce relación laboral alguna. Como tantas veces, es una política pública que se queda a medio camino. Por otra parte, los números por comunidades autónomas señalan con tremenda precisión la hipocresía de muchos de esos gobiernos. La Ley de Dependencia se financia al 50% entre el Gobierno central y la administración autonómica correspondiente. Los bajos registros apuntan a la desidia, cuando no directamente a la ocultación de las ayudas, para ahorrar presupuesto en prestaciones sociales.

Por lo tanto, en Hego Euskal Herria la Administración simplemente cumple la ley. Otra cuestión es hasta dónde podría llegar este país con su propia Ley de Dependencia, gestionando estas políticas en base a sus prioridades, sus necesidades y sus capacidades.

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