No es por candor, ni por no entender la importancia del procedimiento o la técnica jurídica, ni por pensar que existen jueces que son querubines morales. Cuando se cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resarcirá injusticias patentes y pondrá en su sitio a esos jueces que pervierten el Estado de Derecho en favor de sus taras políticas, es por la esperanza de la justicia, por el anhelo de que se cumplan los derechos humanos, para no sufrir más.

Es cierto que a menudo se suele idealizar a ese tribunal. La vida de quienes sufren injustamente depende de sus sentencias, Por ejemplo, la denominada «doctrina Parot» supuso más de 200 años de cárcel injusta. Por eso, se celebran como vitales las victorias y se sufren de igual manera las derrotas para los derechos humanos. La experiencia dice que unas veces el TEDH es explícito en la condena de las salvajadas penales de los estados, mientras otras pasa por encima de las personas. En esas ocasiones sienta jurisprudencias que justificarán el sufrimiento o la pérdida de derechos de miles de personas. Lo mismo sentencia que un estado tortura que le permite eliminar los derechos civiles y políticos de una minoría. Lo mismo denuncia el aislamiento de presos en Rusia que lo justifica en el Estado francés.

Estrasburgo es un tribunal dedicado al reequilibrio de los castigos y las penas en base a una concepción procedimental más rigurosa que la de los estados y menos contaminada. Pero no deja de ser un órgano jurisdiccional de la gobernanza europea y en sus deliberaciones el cálculo geopolítico es patente. Las minorías negadas, los discrepantes, los disidentes y los luchadores por los derechos humanos tienen ventanas de oportunidades cuando sus estados están gobernados por impresentables incapaces de guardar las formas. Que nadie se engañe, es más fácil condenar a un Gobierno del PP que sabotea la entrega de las armas de ETA que a uno del PSOE cuya alternancia pasa por Vox.

Paradojas insostenibles en nombre de la ley

El Estado español se escuda en que no hay sentencias condenatorias por torturas para negar que haya habido torturas. Sin ir más lejos, el ministro Fernando Grande Marlaska suele defender que lo que vale en este terreno es la verdad judicial. Cuando se trata de las sentencias del TEDH que le señalan a él cuando era juez por tapar torturas a detenidos bajo su tutela, su criterio cambia.

Lo mismo sucede con la discriminación de las víctimas de la violencia del Estado y sus grupos paramilitares. A diferencia de con la tortura, se utiliza el argumento de que las víctimas de la violencia del estado no tienen derecho a una reparación igual por haber sido militantes de ETA, aunque no haya sentencia que lo haya probado. Es decir, en el Estado español, la carga de la prueba siempre cae sobre los mismos.

Ahora, el TEDH sentencia que el criterio del Estado español para segregar a las víctimas vascas es válido. Asume que pueden discriminar a los familiares de Xabier Pérez de Arenaza y Josu Muguruza en base a lo que el Estado dice que fueron, hicieron o dejaron de hacer esas víctimas. Sin pruebas ni sentencia, según lo que diga el Estado que organizó los GAL y que está detrás de sus muertes. Una vez más, se certifica que no todas las muertes son iguales, no valen lo mismo la vida de todas las personas, y no se castigan igual los mismos delitos. Estrasburgo asume que hay víctimas de primera y de segunda categoría, víctimas con más y menos derechos. El Tribunal da así munición a quienes están en contra de los derechos humanos, los universales, no los de parte y según conveniencia. Beneficia a quienes niegan al resto el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Es trágico que un tribunal teóricamente dedicado a la salvaguarda de los derechos humanos en Europa valide esta segregación. Porque luego los estados, en sus derivas autoritarias, utilizan estas jurisprudencias para cercenar más derechos. No es casual que en Turquía se utilicen las ilegalizaciones de partidos vascos para justificar la ilegalización del partido prokurdo HDP. Si en Madrid un juez señalado repetidas veces por el TEDH por no investigar torturas puede seguir siendo ministro de Interior, ¿quién va a pedir ejemplaridad en las fronteras de Europa? De igual modo, la no liberación de Selahattin Demirtas y la repetición del juicio por el caso Bateragune tienen una misma raíz autoritaria y contraria a derecho. Cada sentencia injusta del TEDH legitima a los enemigos de la paz, la libertad y la justicia.