Cuando en julio del pasado año la Audiencia Nacional española impuso penas de prisión a varios miembros de la izquierda abertzale imputados en el sumario 35/02 y la incautación de más de cien herriko tabernas, una de las palabras más empleadas en las redes sociales y en conversaciones de calle en este país fue «expolio». Ciertamente, es la denominación que con mayor exactitud sugerían las argumentaciones de la sentencia, los elementos supuestamente probatorios en los que se basaba y su sesgo ideológico. Ayer, el Tribunal Supremo confirmaba aquella sentencia, si bien rebajaba las penas impuestas a cuatro de los procesados.

Esta decisión del Tribunal Supremo no hace sino reafirmar la convicción de que el objetivo principal de ese proceso era la incautación masiva de las herriko tabernas, es decir, el expolio como indicador de una victoria necesaria para cierto relato. En esa clave dictó sentencia la Audiencia Nacional y en esa clave la ha confirmado el Tribunal Supremo. Aunque no se corresponda con la realidad, pues ese sector de la sociedad vasca acosado y expoliado no da muestras de derrota sino, al contrario, de vitalidad y capacidad. Capacidad nada menos que de dar un espectacular vuelco al escenario político, al que el Estado y sus aparatos no han tenido capacidad de adaptarse. Precisamente esa salud política de la izquierda independentista es el motivo de la insistencia en su criminalización y persecución como modo de esconder un fracaso y aferrarse a una ilusión.

Gran parte de los ciudadanos de este país sentirán indignación e indefensión ante un ataque, uno más y a gran escala, contra la iniciativa popular, especialmente las miles de personas que han aportado su esfuerzo físico, creativo y económico. Pero también deben percibir debilidad en el hecho de que un estado se vea obligado a caer tan bajo para intentar convencer de su condición de vencedor a la manera atribuida a los reyes godos, con sentencias a las que solo les falta la inscripción 'domuit vascones'.