Veinte meses después de las cargas policiales en las que dos mujeres, Amaya Zabarte y María Martín, acabaron gravemente heridas en las inmediaciones de Anoeta, agentes de la Ertzaintza que participaron en el operativo comparecieron ayer por primera vez ante el juzgado. Ha tenido que pasar más de año y medio para que se tome declaración a algunos de los implicados en los sucesos que acabaron con Zabarte con secuelas neurológicas y sicológicas por un impacto en la cabeza, y con Martín con la visión alterada para el resto de su vida. Por el camino, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa tuvo que salir al paso del archivo fulminante que había decretado la jueza de instrucción sin siquiera tomar declaración a ningún ertzaina.

La declaración de ayer no enmendó el despropósito. Para empezar, la Fiscalía no hizo ni aparecer, dejando todo el peso del caso en manos de la acusación particular. Y para seguir, los testimonios policiales fueron contradictorios y, a ratos, insultantes. El jefe de la unidad que ordenó la carga en la que hirieron a Zabarte negó que se dispararan balas de foam y que uno de sus agentes propinara una patada a la mujer, a pesar de la evidencia audiovisual existente al respecto. De hecho, sugirió que pudo ser una piedra, pese a que el informe médico habla del impacto de un objeto romo, sin filos ni aristas. Para acabar, argumentó que actuaron para evitar que los incidentes fueran a más, lo que contradice las propias imágenes y la declaración de otro agente, que reconoció que no estaba pasando absolutamente nada cuando cargaron.

De seguir así, este caso va camino de convertirse en un decálogo para aprender cómo se sella la impunidad de la Ertzaintza, un cuerpo policial que también debería dar explicaciones por la intentona de tumbar a Ernai a base de unas multas que los juzgados están anulando con veredictos demoledores y sonrojantes para la Policía autonómica. El cierre corporativo de Lakua con la Ertzaintza y, en especial con su Brigada Móvil, impide la rendición de cuentas. Ese sería el primer capítulo del largo trayecto que este cuerpo debe recorrer para cosechar la confianza ciudadana.