Tres altos cargos de Adif, organismo encargado de la aprobación de obras de infraestructura ferroviaria, y varios directivos de la constructora Isolux Corsán-Corviam han sido detenidos acusados de alterar de forma repetida mediciones técnicas, falsear certificaciones oficiales y justificar más trabajos de los que realmente se efectuaron. Se trata de un mecanismo para generar un sobreprecio ilícito en beneficio de contratistas que cuenta con la inacción, la pasividad o, peor, con la complicidad mercenaria de funcionarios públicos. Es un fraude que extiende la sospecha sobre las obras disparatadas, con sobrecostes disparados, del TAV en Euskal Herria, en las que tanto Adif como la citada constructora participan de manera significativa. Y, ampliando el foco, constituye un método general de contratación de obra pública de infraestructuras que es un caldo de cultivo para la corrupción y la financiación de ciertos partidos políticos.

El Gobierno de Gasteiz se apresuró ayer a informar de que cumple con la ley y que este nuevo escándalo no va con él. Sin ánimo de replantear su política de infraestructuras, sigue enrocado en su posición de seguir tirando el dinero público por el agujero negro de un proyecto sin plan de financiación válido, sin conexiones externas aseguradas y con la posibilidad real de tener tramos construidos en medio de la nada. Se empecina en ese probado saqueo a los contribuyentes vascos que pagan a escote el despropósito con el que intereses privados ganan tanto dinero. Miles de millones despilfarrados en un proyecto sin ventajas milagrosas, con un grado de utilidad cuestionable, con un menor retorno del coste/beneficio para el conjunto de la sociedad vasca que otras legítimas necesidades de transporte ofrecen.

Para cuando se descubre ese mecanismo de fraude en el TAV, las constructoras y sus políticos en nómina tienen diseñados otros cinco. Es el precio, la lógica del derroche de fondos públicos, la usurpación y el robo a toda la población vasca que pretenden institucionalizar.