Hace unos días la OCDE alertaba de que las empresas pagan cada vez menos impuestos. Se trata de un fenómeno generalizado, resultado de un trato condescendiente por parte de las autoridades fiscales de todo el mundo, que permiten usar lo que eufemisticamente se llama planificaciones fiscales agresivas –que no son más que prácticas fraudulentas– para júbilo de sus propietarios, únicos beneficiarios de la cortesía institucional. Aunque no son ni mucho menos sistemas fiscales completos, el Concierto y el Convenio no son excepciones a dicha regla. Ambos permiten a las instituciones forales el uso de algunos instrumentos fiscales que tienen especial relevancia a la hora de gravar las ganancias y la propiedad de las personas. Se pueden emplear en profundizar la equidad y la progresividad del sistema fiscal, camino por el que ha empezado a transitar el nuevo Gobierno de Nafarroa con los cambios anunciados en renta y patrimonio.

Gipuzkoa, sin embargo, muestra que la querencia por el actual sistema de concierto económico que hay en determinados círculos de este país, nada tiene que ver con el bien común y mucho con el provecho particular. Las modificaciones propuestas por la Diputación permitirán que información relevante sobre la propiedad personal de empresas quede oculta, siendo la opacidad una de las características de los paraísos fiscales. Además, pretenden bajar la presión fiscal a determinados grupos, traslandándosela a otros, en el caso del Impuesto sobre la Riqueza a las mujeres, rompiendo así cualquier atisbo de igualdad.

Se asombran de que nadie conozca y defienda el Concierto y el Convenio cuando no son más que instrumentos de un grupo privilegiado formado por hombres, ricos y poderosos para no pagar impuestos. Este país no necesita algunas herramientas, precisa de toda la caja para construir un sistema fiscal soberano que reparta las cargas del Estado del Bienestar de manera equitativa.