Una mujer y sus cuatro hijos serán desahuciados en Barakaldo el próximo 31 de enero si las autoridades competentes no lo impiden. Ya van tarde, pero están a tiempo de evitar lo peor. La amenaza de desahucio, una situación dramática a la que una persona solo llega tras cruzar varios umbrales en una inercia vital muy complicada, debería movilizar de forma automática los resortes de unas administraciones decentes.

Esto debería ser siempre así, pero más si cabe en circunstancias como la de esta familia de Barakaldo, víctima de la violencia machista y cuyo alquiler lo gestiona Alokabide, sociedad pública de Lakua «para el desarrollo de la función social de la vivienda», según su propia definición. Desde Argitan informan de que la mujer fue acogida de urgencia en un refugio para víctimas de violencia machista en mayo, momento en el que un juzgado paralizó el desahucio previsto para ese mes –aplicando probablemente el Real Decreto-ley vigente durante el estado de alarma, que decayó poco después–. Pero en vez de buscar soluciones habitacionales pertinentes al caso, Alokabide volvió a poner en marcha el procedimiento y el desahucio está programado para el 31 de enero. Va en contra del más mínimo sentido de justicia, pero además entra en colisión con el protocolo diseñado, sobre el papel, para evitar el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad.

Hay normas que se aplican, y otras que no. Hay engranajes que funcionan siempre como un reloj suizo, y otros que se oxidan como chatarra abandonada. No es casualidad. De nada sirven proclamas grandilocuentes como el derecho a la vivienda de la Constitución española, o la calificación de la vivienda como derecho subjetivo en la Ley de la CAV, si los mecanismos que deben garantizar la aplicación de esas declaraciones son relegados a segundo plano y abandonados en cuanto colisionan con las normas que velan por el mercado y la propiedad.