En su primera aparición televisiva desde que estallara la crisis ucraniana, Vladimir Putin lanzó un mensaje claro. Dijo que no habrá guerra ni anexión de territorios en Ucrania pero, emulando a Obama, dijo también que todas las opciones están sobre la mesa y que Rusia se reserva «como último recurso» el derecho a usar la fuerza. Calificó de «intervención humanitaria» la operación del Ejército ruso en Crimea y de «golpe de Estado» sin validez constitucional la que tumbó a Yanukovich. Relajado y, al parecer, inmune a las advertencias de EEUU y Occidente sobre las graves consecuencias de su decisión y las amenazas de convertirlo en un estado paria boicoteado comercialmente, el presidente ruso puso sus cartas boca arriba y señaló una posible salida para la crisis: un «reparto» negociado del botín ucraniano junto con un acuerdo político inclusivo.

La caída de Yanukovich fue una pérdida para Putin, pero no parece que sea una victoria neta para EEUU, Europa o Ucrania. Fue, en efecto, una torpe operación de cambio de régimen. Torpe porque excluyó a las fuerzas prorrusas que casi representan a la mitad del país, y torpe también porque hizo volar por los aires un acuerdo de transición inclusivo auspiciado por la UE. Ante ello, con los puentes volados y temiendo lo peor, Rusia puso en práctica una de las lecciones de la guerra en Georgia de 2008: mejor la prevención que el contraataque.

Y así está la situación: amenaza de guerra entre una densa humareda de ignorancia que todo lo cubre. Todas las partes jugando con hechos consumados sin preocuparse de las consecuencias que pueden generar, ahora y en las próximas generaciones. Y todo ello por codicia y afán de dominación. Con oligarcas –ucranianos, rusos y occidentales– expertos en jugar con los dos bandos y que cambian de bando en función de sus intereses, implicados en un gran juego de reparto de botín. Si se evita la guerra, como parece probable, todos tendrán su parte. Putin ya ha pedido la suya y no negociará el reparto mientras otros no dejen de comerse el pastel.