Con el nuevo año ha entrado en vigor en la UE el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como «arancel al carbono», porque lo que hace es grabar la emisión de CO₂ de determinados productos –acero, hierro, cemento, aluminio, electricidad...– que provengan de países con normativas ambientales más laxas. Tras dos años durante los cuales solo era obligado informar acerca de las emisiones de los productos importados, desde el jueves es obligatorio obtener certificados CBAM, cuyo preció está vinculado al mercado de derechos de emisión.

Este arancel es uno de los pocos supervivientes del Pacto Verde europeo que la UE aprobó durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen y que, paso a paso, la presidenta de la Comisión Europea está desmontando en este segundo quinquenio de la mano de la extrema derecha, dando la espalda a los socialdemócratas y liberales que apoyaron su nombramiento. La marcha atrás en la prohibición de la venta de vehículos de combustión fósil para 2035, anunciada a mediados de diciembre, ha sido la medida más emblemática de esta revisión a la baja de las políticas climáticas que, aunque sea sin su retórica grandilocuente, sigue la estela negacionista de Donald Trump. El propio arancel al carbono fue también víctima de una reformulación profunda en junio, cuando la UE decidió simplificar el trámite de modo que prácticamente el 90% de las empresas queden eximidas del impuesto, que recaerá principalmente sobre los grandes importadores.

Pese a ser en su versión descafeinada, es una medida positiva en la dirección adecuada. El razonamiento es inapelable: sin un arancel así, los productores europeos quedan en clara desventaja frente a los productores de países con menos requisitos. Como la solución no puede ser rebajar los propios estándares, Europa, una economía de 450 millones de habitantes, tiene la capacidad suficiente de imponer condiciones a otros productores. Esto puede generar tensiones, claro, pero hay que asumirlas, porque además de preservar la maltrecha industria propia, obliga a productores de otros países a adoptar estándares de emisiones menos lesivos para el planeta.