La operación policial desarrollada en Ortzaize en la que han sido detenidas cinco personas a las que acusan de estar relacionadas con ETA ha dejado imágenes como la brutalidad policial que, lamentablemente, no son inusuales. También ha dejado mensajes que deberían tomarse en consideración en el camino hacia la resolución del conflicto. Una vía abierta desde 2011 en la que, por la falta de implicación de algunos de los actores implicados, resulta tremendamente difícil avanzar.

Las palabras de Grazi Etxebehere afirmando que ha «ayudado a una organización que se quiere desarmar» llaman a la reflexión, toda vez que algunos de los acontecimientos de los últimos meses apuntan, precisamente, en el sentido contrario; constatando que no existe predisposción alguna por parte de los gobiernos español y francés a abordar el proceso de desarme. La actitud mostrada ante la Comisión Internacional de Verificación y la desatención a los numerosos emplazamientos –el último realizado en París con un manifiesto rubricado por importantes personalidades del Estado francés de todos los ámbitos y sensibilidades– para que se comprometan con el proceso iniciado unilateralmente por ETA son ejemplo de ello. Es más, la respuesta de Madrid y París ha venido siendo la habitual en su caso, la de la vía de la represión. Una apuesta que el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, intenta dejar clara siempre que tiene ocasión.

El belicismo que denota el Gobierno del PP es evidente para una gran mayoría de la sociedad que ve en la postura de los ejecutivos español y francés una grave obstrucción para la resolución, con el peso añadido que genera que quienes siempre han pontificado el fin de la violencia se nieguen a hacer posible que las armas desaparezcan. Con todo, existe una importante masa favorable a dar cauce al proceso que facilite la paz en Euskal Herria. Tiene el apoyo internacional, la fortaleza y el compromiso frente a la irresponsabilidad, el rencor y la incompetencia.