Un ERE no puede ser nunca la primera opción

Han pasado ya 14 años desde que la reforma laboral impuesta por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2012 eliminase parte de los derechos adquiridos durante años por la clase trabajadora. Algunos de los retrocesos han sido corregidos, pero muchos no, y las consecuencias se siguen sufriendo. Una de las medidas incluidas en aquella reforma estructural fue eliminar la necesidad de que la autoridad laboral aprobase previamente un expediente de regulación de empleo (ERE). Antes, para que una empresa pudiese presentar un ERE, debía contar con el aval de la institución competente. Desde 2012, por obra y gracia del ministro Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), una empresa puede presentar el ERE por su cuenta, y solo puede ser tumbado posteriormente, por la vía judicial. Se perdió así una válvula de salvaguarda de los derechos de las trabajadoras.

Es algo que ha allanado el camino a los ERE, que se han convertido, para muchas empresas, en la vía más rápida y sencilla para hacer frente a dificultades que, en numerosas ocasiones, podrían tener otras soluciones menos traumáticas. Ocurrió en Tubacex y ocurre en Maderas de Llodio y Tubos Reunidos, por poner ejemplos recientes y conocidos. En las dos primeras, por cierto, los tribunales declararon que los planes iniciales de la empresa no se ajustaban a derecho, algo que no debiera ocurrir manteniendo la autorización previa. Solo el año pasado, 1.200 personas perdieron su empleo en expedientes de regulación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la mayoría de ellas en Aiaraldea.

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una iniciativa para revertir esta situación. Fue presentada por EH Bildu y, posteriormente, negociada y acordada con todos los partidos excepto PP y Vox. Es una amplia mayoría que debería servir para volver a reformar la Ley en Madrid, lo cual no quiere decir que no haya nada que hacer aquí. Para garantizar la legalidad de los ERE y priorizar otras alternativas, la iniciativa parlamentaria también reclamó reforzar la Inspección de Trabajo, ámbito en el que Lakua cuenta con amplias competencias.

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