Hoy comienza en Gasteiz un juicio poco usual. En el banquillo de los acusados se sientan 21 antiabortistas que se concentraban frente a la clínica Askabide de Gasteiz y hostigaban a las mujeres que acudían al centro. Tampoco es habitual la petición de pena de la Fiscalía que considera que hubo un delito de coacciones y demanda cinco meses de cárcel o, alternativamente, 100 días de trabajos para la comunidad y la prohibición de acercase a la clínica durante tres años. Una petición que muestra que el objetivo del juicio no es tanto buscar un castigo ejemplar a los ultracatólicos, como defender a las mujeres de su acoso, de modo que sus derechos sean respetados y puedan sentirse seguras y libres.

Las clínicas que practican abortos consideran la mera celebración de este primer juicio como una victoria, tal y como confesó la directora de Askabide Naroa Iturri a NAIZ Irratia el pasado viernes. No es para menos, ya que solo va a ser posible juzgar a todas estas personas gracias a un cambio legislativo aprobado hace tres años: la Ley Orgánica 4/2022, que modificó el Código Penal para incluir, dentro del delito de coacción, los actos dirigidos a obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El cambio especificaba además que se considerarían coacciones no solo las acciones contra las mujeres, sino también aquellas dirigidas contra los trabajadores del ámbito sanitario y el personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo. La necesidad de modificar el Código Penal muestra hasta qué punto estos grupos de extrema derecha se han movido esquivando la ley para coaccionar a la sociedad e intentar imponer sus creencias a las mujeres.

La celebración de este juicio es, sin duda, un triunfo del movimiento feminista frente a las fanáticas sectas antiabortistas auspiciadas por grupos ultracatolicos. Sin embargo, este proceso es al mismo tiempo una muestra del largo camino que queda todavía por recorrer para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en libertad, sin coacciones y sin que sean tratadas como si fueran menores de edad.