La decisión del Tribunal Supremo español de revocar la sentencia de «La Manada» y finalmente condenar a los cinco agresores por un delito continuado de violación es una noticia positiva. La pena se eleva así de 9 a 15 años de prisión, pero eso es quizás lo menos relevante de este nuevo fallo. Es cierto que a lo largo del proceso ninguno de los acusados ha mostrado ningún tipo de asunción de responsabilidades, algo que debe quedar reflejado en las condenas. Pero lo realmente importante desde un punto feminista, desde el punto de la justicia, es que se califique la agresión sexista como lo que fue: una violación contra una mujer de la mano de un grupo de depredadores sexuales. Esto es lo que vio todo el mundo en este delito. En ningún caso puede ser considerado tan solo abuso, y menos se puede justificar porque la víctima no ejerció una resistencia suficiente. La doble victimización que ha padecido la mujer en este caso resulta paradigmática. Esta nueva sentencia censura la visión de esos magistrados retrógrados y machistas. Envía un mensaje claro a la sociedad y solo por eso ya es importante.

Sin caer en la autocomplacencia por esta sentencia ni ceder a un punitivismo insaciable, hay que seguir denunciando la concepción androcéntrica del Derecho y la justicia patriarcal. Hay que demandar una transformación profunda del Código Penal, que abandone criterios injustos, parciales y sinsentido. Por poner un ejemplo recurrente, la mayoría de agresiones contra menores son calificados legalmente como abusos, puesto que no existe la intimidación ni la violencia explícita, sino la coerción y el abuso de poder. Urge cambiar las leyes y apartar a los jueces que por su ideología y prejuicios no son capaces de impartir justicia. El caso de «La Manada» ha marcado un punto de inflexión. Esta sentencia ha sido posible gracias a la movilización social y al movimiento feminista. Todos los cambios en el sentido de la justicia y la igualdad que se den en adelante serán gracias a este movimiento.