Médicos de Argentina han alzado la voz para denunciar la inacción que durante décadas ha mantenido en el Estado español ante denuncias de tortura de ciudadanos vascos. No es la primera vez, sino al contrario, que organismos internacionales se pronuncian sobre esta cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en siete ocasiones a Madrid por no investigar denuncias de vascos, el Comité contra la Tortura de la ONU he emitido varios informes al respecto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura lo denunció periódicamente... El Gobierno español se ha situado ante ello cada vez más a la defensiva: la última señal es la declaración del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, situando la pelota en el tejado de los tribunales y lavándose las manos.

Ante ello, profesionales de la salud y organizaciones de defensa de los derechos humanos de Argentina han llevado esta cuestión a la Asociación Médica Mundial, denunciando la «falta de ética» de los forenses de la Audiencia Nacional. Un sector al que se apela directamente dada la responsabilidad principal para con las personas detenidas. Los derechos humanos han desaparecido durante décadas de los calabozos policiales y la Audiencia Nacional ha sido una extensión, un apéndice necesario para blindar la impunidad. Aun a costa de forzar todos los límites de la razón, como mostró la atribución a una autoagresión –avalada jurídicamente y denunciada ahora por los médicos argentinos– de las heridas de Unai Romano.

La Asociación Médica Mundial deberá determinar si hubo o no connivencia por parte de los forense de la AN para con la tortura. El señalamiento directo a este sector es otro paso importante para hacer desaparecer la impunidad de esta práctica. Aunque tras ello no haya noticia alguna para Euskal Herria, donde se sabe hace mucho que sin la connivencia de muchos la tortura jamás hubiera sido posible.