A medida que la pandemia remite las cuestiones económicas están pasando a ocupar el centro del debate público. Crece el interés de la ciudadanía ya que muchos trabajadores han perdido gran parte de sus ingresos y algunos incluso el empleo que tenían. Por otra parte, muchísimos negocios se encuentran en una situación crítica a causa del confinamiento, pero también por los graves problemas que la economía arrastraba. Una coyuntura a la que es necesario responder con urgencia, pero también con un plan que sea mínimamente coherente.

Ayer el diputado de Hacienda de Bizkaia dio a conocer el impacto que las deducciones fiscales aprobadas tendrán en la recaudación, que cifró en 52 millones de euros. Prácticamente todas en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta, tributos que se pagan en función de los ingresos o ganancias obtenidas, que en tiempos de crisis suelen ser bastante exiguas, de modo que esas rebajas beneficiarán, precisamente, a quienes no han perdido con la pandemia. Desde el punto de vista de la justicia social son completamente improcedentes. Pero, además, esa menor recaudación será menor gasto público y, por tanto, menor estímulo para la economía. Sin embargo, cuando, a finales de abril, la Diputación de Bizkaia presentó su plan urgente de reactivación Bizkaia Aurrera! señaló que el impacto en la economía de cada euro gastado sería de nada menos que siete euros, lo que convertía los 95,5 millones del plan en 672 millones de impacto. Tal vez ahora habría que restar el impacto de lo que no se recaudará.

El contrapunto coherente lo puso el Gobierno de Angela Merkel que, en vez de tocar los impuestos directos, decidió rebajar temporalmente el IVA para estimular el consumo, al tiempo que rechazaba los planes Renove, tan de moda por aquí. Son las diferencias entre gobiernos con competencias y sin ellas; gobiernos con planes que buscan el bien común o con redes clientelares que alimentar.